La empresa de servicios de salud y sepelio Emcofir, propiedad de la familia Stampone, ha sido objeto de serias acusaciones por parte de los vecinos de Firmat, quienes denunciaron públicamente prácticas “monopólicas y abusivas” en la presentación de servicios.
Los vecinos afectados han manifestado su descontento en la Defensoría del Pueblo y ante medios de comunicación locales. El tema incluso llegó al Concejo local, donde se discutió la situación a pesar de los intentos de los concejales aliados al edil Franco Stampone, vinculado directamente a la empresa, que buscaban impedir su tratamiento.
Entre las quejas, los vecinos destacaron “los reiterados aumentos en las cuotas de los servicios sin previo aviso, que han llegado a acumular un desmedido 140 % en el último año”.
Esta situación ha generado preocupación, ya que los costos de los servicios de sepelio son considerados exorbitantes, y los vecinos se ven obligados a contratar los servicios de Emcofir, al ser la única opción disponible en la localidad.
Además, se ha denunciado que “si una persona mayor quiere afiliarse no puede ya que le exigen que se afilien al menos tres personas por grupo familiar”, tampoco saben con que servicios cuentan ya que no tienen contrato donde describan que prestaciones tiene derecho a recibir y a cobrarte o cubrirte el servicio según la cara, lo que ha generado más malestar entre los afectados.
La Defensoría del Pueblo ha tomado el caso y se ha comprometido a intervenir a través de un proceso de mediación.
Otro aspecto relevante del caso Emcofir ha sido la decisión del concejal Stampone de otorgar medio día libre a sus empleados para que estuvieran presentes en el Concejo durante el tratamiento del tema. Esta maniobra fue considerada como un acto que buscaba ejercer presión sobre los concejales y los vecinos que asistieron al recinto.
Afortunadamente, no se logró el objetivo y los vecinos se mantuvieron firmes en su reclamo y los ediles debatieron el tema con normalidad.
La situación en Firmat pone en evidencia la necesidad de terminar con las prácticas de empresas monopólicas, a la vez que pone en evidencia el impacto que éstas tienen en la vida cotidiana de los ciudadanos. Se espera una resolución de la Defensoría del Pueblo ante las irregularidades denunciadas, así como se exhorta al Concejo a buscar soluciones que protejan los derechos de los vecinos.