La Corte Suprema ordenó revisar la condena a una mujer presa hace 8 años

La Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenó que se revise la condena a prisión perpetua impuesta a una joven que está presa desde hace ocho años en Misiones por el crimen de una anciana que ella dice que no cometió y que, según su abogada, fue sentenciada por ser "mujer y pobre".

Fuentes judiciales informaron a Télam que el máximo tribunal hizo lugar a un recurso de queja interpuesto por la defensa de Cristina Vázquez (33) y dispuso que el Superior Tribunal de Justicia de la mencionada provincia analice otra vez la pena impuesta.

"Con este fallo su condena queda en suspenso por ahora. Celebramos la decisión de la Corte y anhelamos que Cristina, privada de su libertad desde hace ocho años, la recupere sin más demoras", dijo Indiana Guereño, una de sus abogadas.

La letrada explicó que el fallo, basado en la doctrina Casal de la Corte y firmado por Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda, "implica que se realice una revisión integral de la sentencia, no es una mera lectura, sino que le están diciendo a los jueces vean qué pasó acá".

La abogada sostuvo que "no hay ninguna prueba contra ella, no hay ni siquiera huellas de ella en el lugar del crimen y a la amiga que estaba con Cristina esa noche no le creen porque dicen que es «joven»".

Agregó que sobre Vázquez se construyó "una imagen negativa, haciéndola quedar como una joven desinteresada, sumida en el mundo de las drogas y sin familia presente", subrayó Guereño, para quien la joven sólo fue condenada por ser "mujer y pobre".

El caso comenzó hace casi 15 años, el 27 de julio de 2001, cuando Ersélida Dávalos de Insaurralde (79), una jubilada del Poder Judicial de Misiones, fue asesinada a golpes en la cabeza, presuntamente con un martillo, en su casa de Posadas.

La mucama la encontró al día siguiente en el lavadero y se determinó que de la vivienda habían robado dinero y joyas, pero no se hallaron testigos para ayudar a esclarecer el hecho.

No obstante, en 2002 fueron detenidos Vázquez, que vivía en la misma cuadra que la anciana, y otros vecinos, Omar Jara y su pareja, Cecilia Rojas, por entonces de 19 años la primera y de 20 los otros dos.

Pese a que les dictaron una falta de mérito y los liberaron, por apelación de la hija de la víctima, Daniela Insaurralde, finalmente fueron enviados a juicio oral y condenados en 2010 a prisión perpetua por "homicidio calificado criminis causa".

El fallo fue confirmado por el Superior Tribunal de Justicia de Misiones, pero fue apelado a la Corte de la Nación y la Asociación Pensamiento Penal (APP), que agrupa a funcionarios judiciales, abogados y docentes de todo el país, se presentó en expediente como "amicus curiae" (amigos del tribunal).

"Falta de imparcialidad. En su presentación ante la Corte, la agrupación que integra Guereño destacó "la falta de imparcialidad de los jueces que impusieron la condena, entre ellos la presidenta del tribunal, Marcela Leiva, quien se había desempeñado como secretaria del juzgado donde se desarrolló gran parte de la instrucción del caso".

También afirmaron que "Cristina Vázquez se encontraba la noche del hecho a ocho kilómetros del lugar, por lo que ninguna prueba científica ni testimonial directa pudo comprobar su participación en el delito".

También se destaca "la ausencia de perspectiva de género" para analizar el caso y que se la condenó "en base a rumores e indicios, haciendo un juicio moral sobre el modo de vida de la joven y de los testigos que afirman haber estado con ella".

Por ejemplo, se le endilga a Cristina "tener un estilo de vida promiscuo y marginal", ser "adicta a la marihuana" y robar "para obtener dinero para estupefacientes", pese a que no tiene antecedentes penales.

Otros aspectos que se destacan son que en el propio fallo se reconoce que no hay "prueba directa" contra los sospechosos, ni se pudo dilucidar qué rol tuvo cada uno en el hecho, es decir quien mató, quien robó, etc.

Sobre la hora de la muerte de la victima, se calcula aproximadamente entre la 1 y 2 de la madrugada del 28 de julio, luego de dos o tres horas de agonía, según estableció la autopsia.

Vázquez asegura que el día anterior por la tarde se había ido con su amiga Celeste García a la vecina localidad de Garupá, que pasaron por la puerta de la casa de la anciana, y regresó recién el 29, tras concurrir a un boliche por varias horas.

Tanto su amiga como el padre de ésta, Pedro Oyhanarte, corroboraron que estuvo con ellos en el hogar de niños Belén, pero sus testimonios fueron considerados falsos en el juicio.

En cambio, como una testigo declaró en la instrucción, y no en el juicio, que las joyas robadas le habían sido ofrecidas por Jara y se siguió la hipótesis de que la víctima conocía a su agresor, Vázquez comenzó a ser sindicada como sospechosa, solamente porque era vecina de la anciana y conocida de Rojas.

La última persona que fue vista en la casa de la víctima fue un electricista que, según el testimonio de un vecino, se retiró "raudamente" a las 21.20, pero nunca se lo investigó.