Inician el proceso de beatificación de religiosos asesinados por la dictadura

La Iglesia Católica argentina inició el proceso formal de investigación para definir la beatificación de dos sacerdotes y un laico, torturados y asesinados por el terrorismo de Estado en 1976.

Se trata de los sacerdotes Carlos de Dios Murias y Gabriel Longueville y el laico Wenceslao Pedernera, todos seguidores de la pastoral del obispo Enrique Angelelli, también asesinado.

El proceso se inició anteanoche en Chamical, de cuya parroquia eran sacerdotes Murias y Longueville cuando el 18 de julio de 1976, después de ser secuestrados de la parroquia El Salvador, de Chamical, y torturados, fueron encontrados asesinados en un paraje cercano a esa ciudad, sobre la ruta nacional 38, 150 kilómetros al sudeste de la capital provincial. Habían sido fusilados con los ojos vendados. Hoy el sitio donde los ejecutaron se denomina Los Mártires y un oratorio honra su memoria.

Pedernera fue fusilado en Sañogasta, distrito de Chilecito, unos 200 kilómetros al oeste de la capital riojana, apenas una semana después.

La Iglesia riojana formó dos equipos de investigación que se encargarán de recolectar datos históricos y testimonios para aportar pruebas que permitan al Vaticano declarar beatos a las tres víctimas de la dictadura argentina, al mismo tiempo que no se descartaba que sean declarados mártires.

La ceremonia estuvo presidida por el obispo de La Rioja, monseñor Roberto Rodríguez, y tuvo lugar en la parroquia de Chamical.

Rodríguez destacó la acción de los tres hombres porque "llevaron el Evangelio y no los comprendieron, realizaron un proyecto pastoral y no fueron entendidos. Los que los mataron pensaron que le estaban haciendo un bien a Dios y a la Patria".

El obispo convocó a la comunidad a acercarse porque "muchos de los testigos de esta obra de evangelización pueden hablar y expresar cuál fue el impacto de la prédica de estos hombres en los fieles".

"Necesitamos que el pueblo de Dios se exprese con su devoción ante los encargados de reunir todos los datos de la vida de estos tres hombres de Dios", sostuvo.

En la ceremonia se encontraban presentes varios sacerdotes que conocieron a Murias, Longueville y Pedernera, y el postulador de la causa, fray Angelo Paleri, quien se encargará de supervisar la investigación de la vida, el trabajo y la santidad de las víctimas.

El sacerdote José Luis Genaro explicó a radio Fénix de La Rioja que “es el inicio de un proceso judicial de los más estrictos que hay en el mundo”.

“Ahora se le entrega al obispo (Rodríguez) una carpeta con 70 testigos que comparecerán ante el Tribunal Eclesiástico, que será constituido hoy mismo”, explicó.

Ese tribunal estará conformado por peritos geológicos, quienes harán los estudios de los escritos de los religiosos asesinados en la última dictadura militar, y peritos históricos que realizarán un estudio de sus biografías.

El sacerdote estimó que el proceso “llevará un año y luego llegará a Roma, donde será estudiado por la Cámara Pontificia de los Santos”, en lo que será el siguiente paso hacia su eventual beatificación.

Finalmente, no descartó que se inicie una causa de martirio “porque no cabe ninguna duda que fueron acribillados por su compromiso con la fe”, sostuvo Genaro.

Los acusados de los crímenes, el ex vicecomodoro Luis Fernando Estrella, ex segundo jefe de la Base Aérea de Chamical y figura central de la dictadura en La Rioja, y del ex alférez Miguel Ricardo Pessetta, fueron detenidos el 24 de abril de 2008.

La comisión sesionará todos los miércoles en el Obispado riojano. El miércoles 8 recibirá a la primera testigo. Integran la comisión el padre Gustavo De la Puente, como delegado episcopal, el vicecanciller Pedro Goyochea, monseñor Carmelo Giaquinta, fray Horacio Zabela y el ex sacerdote Aurelio Ortiz. El padre Enrique Martínez y la hermana Lucrecia Goyochea son los peritos en investigación. (DyN)

Registros

Vinculado con las investigaciones sobre las muertes de los religiosos a manos del terrorismo de Estado en La Rioja, un allanamiento realizado en la cárcel provincial el 2 de agosto de 2007 reveló que se anotaban interrogatorios y atenciones médicas a cientos de detenidos por razones políticas, muchos de los cuales denunciaron después cruentas torturas.