Una protesta de pasajeros por demoras en el servicio de trenes de la ex línea Sarmiento en hora pico derivó ayer a la mañana en el incendio de ocho vagones de dos formaciones distintas y la destrucción de las estaciones de Merlo y Castelar, en el oeste del conurbano bonaerense.
El gobierno habló de "sabotaje" y acusó a un militante del Partido Obrero, identificado como José María Escobar, de haber organizado las acciones que derivaron en los desmanes, que comenzaron minutos antes de las 7 y concluyeron más de cuatro horas después por la intervención de la policía.
El ministro Aníbal Fernández confirmó anoche que militantes, supuestamente del Partido Obrero, atacaron la comisaría tercera de Castelar, donde se hallaban detenidos siete manifestantes.
La policía detuvo a 13 personas: ocho en Castelar, tres en Morón y dos en Haedo. (donde también hubo disturbios)
En tanto, ocho personas resultaron heridas y fueron trasladadas al Hospital de Morón con traumatismos leves. Algunos sufrieron crisis de pánico.
Todo comenzó con una protesta de pasajeros que viajaban desde la provincia hacia la cabecera porteña de Once. El tren que había partido de Moreno a las 6.45 quedó varado entre las estaciones Ituzaingó y Castelar por una falla en un vagón, y los pasajeros se quedaron casi dos horas esperando. Al no tener ninguna información sobre lo que ocurría cientos de ellos bajaron.
Según Gustavo Gago, vocero de Trenes de Buenos Aires (TBA), enviaron a Castelar otro convoy en momentos en que los pasajeros, enfurecidos, ya desmantelaban un quiosco sobre el andén, rompían ocho autos y cuatro motos estacionadas en las cercanías y se llevaban computadoras, celulares y las cajas de monedas de la boletería, mientras otros incendiaban un vagón del tren.
A los pocos minutos, un convoy de doble piso, que había sido estrenado el año pasado y que estaba detenido en la estación de Merlo por la protesta, fue incendiado por varios desconocidos, que provocaron la destrucción total de otros siete vagones, valuados en un millón de pesos cada uno.
El proyecto recibió el aval de tres agrupaciones de taxistas, que estaban preocupados por la modalidad de contratación, pago de impuestos y que sea voluntario
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