"En abril último, un tío de la nena había realizado una denuncia de malos tratos por parte de su padrastro, quien luego fue su violador. Pero los funcionarios y el magistrado Germán Ferrer no cumplieron con su deber", dijo ayer la investigadora Alejandra Ciriza, de la organización Juanas y las Otras, de Mendoza. El juez Ferrer, en su fallo, dio cuenta de esa denuncia.
"Ahora piden resguardar la intimidad de la nena, pero no actuaron cuando se podía haber evitado la violación", dijo Ciriza, profesora de filosofía política y miembro del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas.
"La nena ahora debería estar jugando con sus muñecas, pero fue violada por su padrastro y encerrada por un magistrado", remarcó. "Además, no debemos hablar de casos, no es un tema excepcional, es el producto de una sociedad brutalmente violenta y que coloca a los niños en riesgo, no se los protege", indicó la investigadora mendocina.
Por su parte, el Consorcio de Médicos Católicos de Buenos Aires reiteró ayer que "en todos los casos −y sin excepción alguna− el aborto directo es un homicidio, pues con él se elimina la vida de un ser humano. Por muy dramática que sea una situación no justifica una violencia mayor como es la eliminación de una vida humana inocente".
En tanto, ayer salió a la luz el caso de otra chica de 13 años que también fue violada, pero por su propio padre, en Mendoza, en junio último. Al enterarse, su madre pidió que se le realizara un aborto terapéutico. Mientras la Justicia se expedía, la adolescente sufrió un aborto espontáneo. l
Un informe del organismo reveló que la empresa vendía medicamentos sin registro y tenía áreas de producción no habilitadas dentro de su planta de producción
Por Matías Petisce
Por Guillermo Ferretti