Dos hombres, uno argentino y otro de nacionalidad boliviana, fueron condenados ayer a 13 años de prisión por la muerte de cinco niños y una embarazada en un taller textil clandestino del barrio porteño de Caballito que se incendió en 2006, mientras se investigará la eventual responsabilidad de funcionarios y policías en la habilitación del lugar.
El Tribunal Oral Número 5 de la ciudad de Buenos Aires, integrado por los jueces Adrián Pérez Lance, Rafael Alejandro Oliden y Fátima Ruiz López, ordenó la detención de los dos únicos imputados en la causa, Juan Manuel Correa y Luis Sillerico Condorí, por "estrago doloso seguido de muerte y reducción a la servidumbre".
La jueza López, en disidencia, se pronunció por una figura más grave para condenar a los dos únicos imputados en la causa, la de "estrago doloso seguido de muerte".
Como parte del veredicto, cuya sentencia se conocerá en los próximos días, los jueces ordenaron tomar testimonios para determinar la eventual responsabilidad de policías y funcionarios del gobierno porteño en la habilitación del taller, en el marco de una nueva causa que quedará a cargo de un magistrado que será elegido por sorteo.
La responsabilidad de las marcas en el hecho, por su parte, continúa a cargo del juez que tuvo a su cargo el proceso inicial de la causa.
Servidumbre. El fallo de tribunal coincide con el pedido del fiscal Fabián Céliz, quien introdujo durante el juicio la figura de "reducción a la servidumbre".
El tribunal celebró ayer la audiencia de "últimas palabras", antes de dar a conocer su decisión y terminar el jucio, en el que Correa explicó que "nunca" imaginó una tragedia de esa magnitud y dijo que abandonó la actividad comercial textil.
"Yo no reduje (a la servidumbre) a nadie", destacó Correa, mientras que Condorí recordó que su propia familia vivía en el edificio siniestrado, por lo que también sus hijos pudieron haber sido víctimas de la tragedia.
En el juicio se dirimieron las responsabilidades por el siniestro registrado el 30 de marzo de 2006 en un taller de costura ubicado en Luis Viale 1271, que estaba habilitado para cinco operarios, pero vivían allí y trabajaban unas 60 personas.
Las víctimas. Las víctimas mortales fueron identificadas como Juana Vilca, de 25 años, quien estaba embarazada; Wilfredo Quispe Mendoza, de 15; Elías Carbajal Quispe, de diez; Luis Quispe, de cuatro; Rodrigo Quispe Carvajal, de cuatro, y Harry Rodríguez, de tres años.
En el taller textil había 37 máquinas de costura ocupadas por "personas que trabajan en el lugar cumpliendo tareas desde las 8 hasta las 20 y que también vivían en el lugar y percibían entre 0,70 y 1,20 peso por cada pantalón que confeccionaban", sostuvo el expediente.
La querella había acusado a los dos únicos imputados en la causa, Correa y Condorí, quienes regenteaban el taller clandestino, por "estrago doloso seguido de muerte y reducción a la servidumbre", y pidió condenas de 20 años de prisión. El fiscal Céliz responsabilizó a los dos hombres por "incendio culposo seguido de muerte en concurso con reducción a la servidumbre" y reclamó pena de 13 años de cárcel para ambos.
El abogado defensor de Correa, el penalista Marcelo Biondi, pidió la absolución de su cliente y advirtió sobre la "politización de la causa".
La defensa recordó, en la sesión del 31 de mayo, cuando el tribunal escuchó los alegatos, que el presidente de Bolivia, Evo Morales, se interesó personalmente por el desarrollo del juicio.
El siniestro, según consta en el expediente, se originó en una sobrecarga producida por una instalación eléctrica defectuosa en el local, que estaba habilitado para funcionar con cinco operarios, pero vivían hacinadas y eran explotadas laboralmente unas 60 personas.