La directora nacional de Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud de la Nación, Verónica Schoj, consideró "fundamental" el aporte del proyecto de ley que establece la prohibición del consumo de cigarrillos electrónicos en lugares cerrados de acceso público, porque busca cerrar dos vacíos legales: prohibir el marketing directo y el punto de venta del tabaco.
"Es fundamental el proyecto de ley del diputado Daniel Filmus porque busca cerrar el vacío legal que hay en la ley 26.687 (Regulación de publicidad, promoción y consumo de productos elaborados con tabaco) al proponer prohibir el marketing directo (los mails que llegan directo a los consumidores y promocionan productos de tabaco) y el punto de venta, que son los kioscos en la Argentina", indicó ayer a Télam Verónica Schoj. Filmus presentó el 13 de septiembre pasado en el Congreso de la Nación un proyecto de ley que apunta a modificar la ley 26.687, aprobada en 2010.
La iniciativa establece la prohibición del consumo de cigarrillos electrónicos y PTC en lugares cerrados de acceso público, su marketing directo y los puntos de venta donde las tabacaleras utilizan la estrategia de "la exhibición del producto" para publicitar los cigarrillos.
"La modificación que proponemos apunta a proteger a la población de los nuevos productos asociados al tabaco que en los últimos años aparecieron en el mercado", explicó el ex ministro de Educación.
Si bien los cigarrillos electrónicos se encuentran incluidos en la reglamentación de la norma vigente como productos asociados al tabaco, el avance de esta tecnología requiere incluirlo formalmente como producto de tabaco para garantizar una correcta implementación de la normativa.
"La industria dice que la exhibición del producto en kioscos no es publicidad, justamente porque hay un vacío legal pero en Colombia, Uruguay, Chile y Brasil prohíben de forma completa cualquier tipo de publicidad de los productos de tabaco", dijo la funcionaria de la Secretaría de Salud de la Nación.
El otro eje para establecer el control del tabaco en general es el de política fiscal dado que, según la funcionaria, si bien una normativa de 2017 obliga a las tabacaleras a pagar un impuesto mínimo de 28 pesos ajustable por inflación, muchas lo evaden a través de estrategias judiciales. "La Secretaría de Salud está trabajando fuertemente con la AFIP y el Ministerio de Hacienda para que esa medida fiscal se cumpla y no se vendan paquetes de cigarrillos a 20 pesos, muy accesibles sobre todo para los adolescentes", indicó la funcionaria.
Por Luis Castro
Por Luciano Venini, para La Capital
Por Elbio Evangeliste
