El gobierno nacional ordenó ayer a la tarde a las fuerzas de seguridad cercar el Parque Indoamericano de Villa Soldati como una forma de impedir el ingreso de más personas que se sumen a la ocupación del predio, y admitió que “aún no se halló una solución formal” al conflicto que desde el lunes dejó cuatro muertos y decenas de heridos. Lo atribuyó a la negativa de Mauricio Macri a discutir el tema habitacional.
Una notable cantidad de efectivos de Gendarmería y Prefectura Naval comenzaron a cumplir la orden a partir de las 17, apoyados por vehículos de transporte y tanquetas antidisturbios. El operativo incluyó helicópteros y carros hidrantes de la fuerza federal de seguridad, que supervisaban el territorio donde se instalaron cientos de habitantes que reclamaban una vivienda para dejar el lugar.
Al término de las reuniones que desde anteanoche mantuvieron funcionarios del gobierno nacional con sus pares del gobierno porteño, el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, admitió que no se había alcanzado “una solución formal” al conflicto.
El funcionario acusó al jefe del gobierno porteño, Mauricio Macri, de tener “una postura dura” y de “no tener vocación real” para hallar una solución y explicó que el gobierno nacional le ofreció a analizar la entrega de tierra para una compra financiada por parte de los ocupantes.
Macri por su parte celebró ayer que “por primera vez” el gobierno nacional haya accedido “a sentarse a dialogar” pero acusó a integrantes del Ejecutivo nacional de “falsear” datos.
Macri pidió “tranquilidad y colaboración” a los vecinos y se mostró optimista en cuanto a “una pronta resolución del conflicto”. Aseguró que “la integridad del Parque Indoamericano no está en discusión”.
Representantes de los ocupantes del predio advirtieron por su parte, desde la Casa Rosada, que no abandonarían el predio hasta que se les de una solución a su reclamo.
Delegados de las villas aledañas y referentes de la CCC acusaron al gobierno de Macri de “discriminar” a los habitantes del sur de la Capital Federal y de “no tener una política social” para esa zona.
Aníbal Fernández, por su parte, explicó que la orden dada a Gendarmería y Prefectura se tomó para formar una especie de “cordón” que permita controlar la situación e “impida nuevos ingresos al parque”.


































