La transformación de las instituciones neuropsiquiátricas en comunidades terapéuticas abiertas y el seguimiento judicial y médico de los enfermos que ocupan las 25.000 camas de esos establecimientos en el país son los principales desafíos en el campo de la salud mental argentina, según especialistas en el tema.
Así lo afirmaron ayer sanitaristas, jueces y abogados —argentinos y del exterior—, durante un seminario sobre salud mental, derechos humanos y tratados internacionales que se desarrolla en Buenos Aires convocado por la Corte Suprema de Justicia y la Organización Panamericana de la Salud (OPS).
En sintonía con los lineamientos de la Declaración de Caracas en la década del 1990, los especialistas abogaron para que el tratamiento en los neuropsiquiátricos no superen los 30 días y las sentencias judiciales que autorizan las tutelas sean revisadas por los letrados y se extiendan el menor tiempo posible.
"Hay derecho a recibir tratamiento y a hay derecho a negarse si esto implica un encierro indeterminado", afirmó el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, durante la apertura del encuentro.
En Argentina, alrededor del 1% de la población de entre 18 y 60 años padece algún trastorno mental severo, como la esquizofrenia. La cifra se eleva al 3% si se suman otras patologías como la bipolaridad y la depresión.
Los pacientes con trastornos de ansiedad, como los ataques de pánico, suman alrededor del 15% y, en total, el 19% de la población argentina tiene algún tipo de trastorno mental.
Las autoridades del Ministerio de Salud también advirtieron sobre el alcoholismo, que es la otra afección que provoca desórdenes graves en el comportamiento y sobre la que no hay estadísticas oficiales.
El 90% de las camas. El coordinador de la Unidad de Salud Mental de la cartera nacional, Antonio Di Nanno, señaló que en Argentina hay unas 25.000 camas psiquiátricas, que están ocupadas en un 90%.
"El número de camas se redujo en los últimos años en un 10% —señaló Di Nanno—, pero desarmar una cama psiquiátrica no es un progreso en sí mismo, porque a veces hace falta. La idea es disminuir el número de camas con políticas de reforma de las instituciones, que es lo que estamos haciendo".
Bajo este mandato, que también sostiene la OPS, trabajaron las áreas de Salud Mental de Mendoza, San Luis, Santa Fe y Río Negro, que cerraron los neuropsiquiátricos e implementaron hospitales de día, casas de tránsito, hogares sustitutos y otros programas para integrar a los pacientes a la comunidad.
"Nadie tiene una indicación de internación eterna —continuó el funcionario—. La ley nacional dice que cada 15 días, una comisión multisectorial debe revisar cada uno de los casos (de los pacientes psiquiátricos), pero esto no existe".
"Los pacientes son internados a través de un oficio judicial. La internación sale rápido, el que no sale rápido es el paciente, que queda atrapado en la institución", advirtió Di Ñaño, y dijo que la internación de un paciente agudo "no debería superar los 30 días", para salir de la crisis y fijar el tratamiento acorde. l
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