El gobierno nacional anunció que todas las rutas nacionales tendrán peajes sin barreras

El vocero presidencial Manuel Adorni abrió su habitual conferencia de prensa con varios anuncios, entre ellos la disposición de “peajes sin barreras” en las rutas naciones y cambios en la Revisión Técnica Obligatoria (RTO). Además, el gobierno nacional proponen cambios en importaciones y registros de conducir.

En primera instancia, el gobierno apuesta por modificar el sistema tradicional de cabinas en los peajes para aplicar el sistema digital. En otro orden, pero como una medida a futuro, se habilitó el concepto de vehículo autónomo. “Esto significa, en palabras simples, que se va a poder utilizar este tipo de vehículos, incluso, en transportes comerciales prescindiendo de esta manera de, por ejemplo, chofer de camión”, dijo Adorni ante los periodistas acreditados en Casa Rosada.

Sobre la RTO, el gobierno nacional dispuso que la primera revisión se realice a los 5 años de patentamiento y a los 10, luego pasará a ser una revisión bianual. Los vehículos afectados al uso comercial, en cambio, tendrán que hacer las revisiones una vez vencido el segundo año.

>> Leer más: Sólo el 33% de los vehículos en Santa Fe circula con la RTO al día

Al no ser una potestad de la administración nacional, las provincias se deberán adherir a esta medida. En Santa Fe las revisiones no tienen un periodo mínimo para repetirse, sí tienen un máximo: tras tres años de patentar unos cero kilómetros, el titular del rodado está obligado a realizar la RTO. Entre 3 y 7 años de antigüedad del vehículo, la revisión técnica es obligatoria cada 2 años. Con más de 7 años de antigüedad, se debe hacer en forma anual.

Como agregado, el gobierno instó a descentralizar las verificaciones técnicas, dejando de lado dependencias oficiales del Estado nacional o provincial (como sucede en Santa Fe). A partir de esta iniciativa las concesionarias oficiales y talleres particulares habilitados podrán entregar el certificado.

Más anuncios sobre movilidad

Por otra parte, el vocero presidencial dijo que el gobierno “facilitará la importación de vehículos en serie”. Luego de remover la Licencia de Configuración de Modelo (LCM) y la Licencia de Configuración Ambiental (LSA) en caso de poseer certificados reconocidos internacionalmente, el gobierno “va a liberar la importación de autopartes” para contrarrestar “el famoso ‘lo arreglamos cómo podemos o tratamos de que siga o lo atamos con alambre’ como se dice popularmente” por la baja en los costos.

Otro de los puntos a modificar es la Licencia Nacional de Transporte Interjurisdiccional (LINTI), el famoso “Registro Moyano”. A partir de la adhesión, cada provincia será la encargada de otorgar las licencias nacionales profesionales de categoría C, D y E para viajar de jurisdicción en jurisdicción. Además, los cursos de capacitación podrán ser ofrecidos por entidades públicas o privadas siempre y cuando estén habilitadas por la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV).

También el cambio de domicilio en el Documento Nacional de Identidad (DNI) no invalidará la Licencia de conducir, vigente hasta su vencimiento.

Privatización de autopistas y rutas

En cuanto a las rutas y autopistas, el gobierno nacional anunció que habilitará la participación de capitales privados en la compañía Corredores Viales, la empresa estatal que administra 6.000 kilómetros de caminos en todo el país.

El gobierno argumentó la medida al informar que el 45% de la totalidad de la traza que operaba Corredores Viales estaba en un estado crítico, los contratos de obra estaban paralizados y el atraso tarifario era de un 45% con relación a la tarifa técnica.

>> Leer más: A la espera de obras, preocupa el estado de la autopista Rosario-Buenos Aires

Corredores Viales S.A. se encuentra a cargo de 10 tramos de autovías en las provincias de Santiago del Estero, Tucumán, Salta, Jujuy, Chaco, Buenos Aires, Corrientes, Misiones, San Luis, Córdoba, Santa Fe y Mendoza, y el Acceso Riccheri a la Ciudad de Buenos Aires.

En Santa Fe, las vías afectadas por esta medida serían la autopista a Córdoba y Buenos Aires, avenida Circunvalación y las rutas 7, 8, 19 y 34.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, se encargó de anunciar la decisión del gobierno y dijo que a partir de este modelo se va a promover el desarrollo de obras de infraestructura a través de la participación del sector privado, que se va a encargar de ejecutar las obras y gestiones necesarias a su propia cuenta y riesgo, a cambio del derecho de exigir el cobro de un peaje a los usuarios. "Se terminó la patria contratista donde subían los peajes y las rutas se caían a pedazos", disparó Adorni.

Los interesados a cambio de obras se quedarán con el cobro de los peajes. La Agencia de Transformación de Empresas Públicas -dependiente del Ministerio de Economía- será el área encargada de adoptar las medidas necesarias y concretar una serie de acciones.

Vialidad Nacional ya tiene convocada para finales de febrero a una audiencia pública para la licitación de lo que se conoce como la ruta del Mercosur, por unos 670 kilómetros de extensión, que durante los últimos 30 años fue operada por la empresa privada Crusa. Con el anuncio de este viernes se dio inicio al proceso para adjudicar un total de 8.470 kilómetros de rutas entre las que gestiona Corredores Viales, sumando otros que hasta ahora no estaban concesionadas, como la RN 33 en Santa Fe, la RN 18 en Entre Ríos, y la variante de la RN 19 en Córdoba. Esta etapa estará dividida en once tramos.