El gobierno nacional adelantó la privatización de Corredores Viales, encargado de administrar la traza. Hay zonas muy poco transitables
Virginia Benedetto / La Capital
El estado de la autopista Rosario-Buenos Aires pone en peligro a sus usuarios.
Transitar por las rutas y autopistas del país es toda una travesía. Baches, mala señalización y la ausencia de luces son las quejas recurrentes de los usuarios, que además de sufrir el desgaste ven cómo sube el valor de los peajes sin una contraprestación acorde. Quizás uno de los máximos exponentes de esta situación sea la autopista Rosario-Buenos Aires.
La conexión más importante del país, incluidos sus accesos a las distintas localidades se deterioran progresivamente y en el territorio de Santa Fe los inconvenientes se dan casi a diario. Así, Corredores Viales, la empresa estatal encargada de su mantenimiento, hace poco y nada.
En este contexto, el vocero presidencial, Manuel Adorni, adelantó un proceso de licitación para el ingreso de capitales privados en los diversos caminos administrados por el gobierno nacional, entre ellos la autopista Rosario-Buenos Aires. A cambio, las empresas que ingresen a la administración podrán cobrar peaje.
El gobierno argumentó la medida al informar que el 45% de la totalidad de la traza que opera Corredores Viales está en un estado crítico, los contratos de obra se encuentran paralizados y el atraso tarifario es de un 45% con relación a la tarifa técnica.
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En Santa Fe, las vías afectadas por esta medida serán la autopista a Buenos Aires y a Córdoba, avenida de Circunvalación y las rutas 7, 8, 19 y 34.
Falta de señalización, pozos y una iluminación que brilla por su ausencia son algunos de los problemas más frecuentes que ponen en riesgo a quienes transitan diariamente la conexión vial más importante del país.
“El mantenimiento es lo más importante. Se deteriora muy rápidamente, sobre todo lo que es el puente sobre el Saladillo. Las colectoras que hay desde Villa Gobernador Gálvez hasta la AO12 y la ruta provincial 16 se deterioran velozmente y no hay ningún tipo de mantenimiento. Lo que más nos preocupa a nosotros es el puente que es el ingreso a General Motors”, expresó el intendente de Pueblo Esther, Martín Gherardi, a La Capital. Son tantos los pozos en una de las subidas que hay que zigzaguear.
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Cuando el personal de la empresa automotriz se retira de sus puestos de trabajo, entre las 16 y 17, transitar la zona es un caos. Los rulos de circulación “están al revés y no tienen marcación vial”, detalló Gherardi. Además, “están llenos de pozos y por la noche no funciona la luminaria. Es muy peligroso para los vecinos de Pueblo Esther y todos”.
Por otro lado, el mandatario replicó las quejas de los usuarios, cansados de recorrer el tramo alumbrados sólo por las luces de los vehículos. “Los días de lluvia es peor y no hay señalización. Es una zona muy transitada y se registran accidentes muy seguido”, completó Gherardi.
En la misma línea que Gherardi, las malas condiciones de la autopista fueron señaladas por Esteban Ferri, presidente comunal de General Lagos. El acceso a General Lagos “está en muy malas condiciones, sin señalización y muy poco mantenimiento”, dijo a La Capital y denunció la falta de interlocutores ante los reclamos.
Ferri recordó la licitación con contrato vigente sobre el tramo que corresponde a General Lagos, pero lamentó que no se realizaron obras y remarcó que “sobre el puente no hay iluminación”.
Frente al modelo anunciado por el gobierno nacional, Ferri se mostró cauto ya que “se intentó con varios modelos” como las privatizaciones de la década del 90 cuando el Estado ejercía el control sobre los trabajos de la empresa, pero “con el correr del tiempo no fue bueno”. También cuando el gobierno nacional fue administrador bajo el modelo de empresa estatal “no fue eficiente” y si bien “se hicieron obras, no tuvieron un buen resultado”.
En otro pasaje, Ferri volvió a plantear sobre la mesa la posibilidad de sumar un tercer carril desde San Nicolás hasta Rosario, como ya se proyectó, ante un creciente caudal de tránsito. Por último, hizo hincapié en la necesidad de hacer obras en la colectora tanto para General Lagos como para Arroyo Seco o Fighiera con el objetivo de que los vecinos de la zona utilicen conexiones seguras sin pasar por la autopista.
La autopista Rosario-Buenos Aires posee tramos en peor estado que otros. Son recurrentes los accidentes viales en distintos puntos, con especial foco entre San Nicolás (provincia de Buenos Aires) y Villa Constitución, en Santa Fe. También el puente del arroyo Saladillo, en el ingreso a Rosario, donde los vuelcos de camiones están a la orden del día.
El deterioro de esta conexión entre Rosario y Buenos Aires está relacionado a exceso de carga en los camiones, según Fabián Pons, presidente del Observatorio Vial Latinoamericano (Ovilam). “Muchos camiones se van para el carril izquierdo infringiendo la norma, porque el derecho está muy deteriorado para no romper las suspensiones. Entorpecen el tránsito y a partir de ahí se generan siniestros ”, explicó el experto.
Los conductores de rodados más pequeños o sin carga que van por el carril rápido se ven sorprendidos ante la maniobra de los camioneros que esquivando la zona ahuecada de la mano derecha buscan un terreno en mejores condiciones.
En este sentido, Pons instó a una reparación total de la autopista y un trabajo para su mantenimiento a base de controlar el peso de los camiones de transporte ya en el marco “de una concesión o en manos del Estado”.
“Supongamos que mágicamente pudiéramos hacer toda la red vial a nuevo ¿Cuánto va a durar si permitimos que los camiones sigan circulando con exceso de peso?”, se preguntó Pons y apuntó contra los camioneros que evitan los controles, por ejemplo, en el kilómetro 152 de la autopista Rosario-Buenos Aires. Frente a esto recordó que en el 30% de los siniestros mortales participa un camión, pero quitó responsabilidad a los conductores y se la sumó al vehículo, que por su peso y porte “pega y lastima”.
“Cuando cargamos combustible o patentamos los autos estamos pagando impuestos que teóricamente están derivados a la construcción o mantenimiento de las rutas”, recordó Pons, para rápidamente plantear: “Si vos privatizás, y a la empresa que se hace cargo le permitís cobrar peaje, hay una doble imposición”.
En esta línea, le restó importancia a la decisión final sobre una administración pública o privada, pero reiteró la relevancia de mantener coherencia: “Si nos quedamos con lo público pagamos impuestos sin peajes, si vamos a lo privado, es peaje y sin impuestos”.
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Por Lucas Aranda
Por Fermín Sanchez Duque