El Episcopado presidido por el cardenal Jorge Bergoglio se reunirá por primera vez en el año bajo la presión del gobierno de Cristina Fernández, que apura una reforma integral del obispado castrense como condición para nominar a un nuevo embajador ante la Santa Sede, tras el rechazo del plácet de Alberto Iribarne.
A pesar de que el entorno de la primera mandataria sigue esperando que el Vaticano confirme por escrito la negativa del candidato oficial, segundas líneas gubernamentales y eclesiásticas —además del nuncio Adriano Bernardini— trabajan en una salida "no traumática" al conflicto diplomático, con el menor costo político para las partes.
Una tensión de larga distancia que, sin embargo, resintió las relaciones de cabotaje que Bergoglio y la presidenta comenzaron a retejer en diciembre pasado durante una audiencia protocolar en la Casa Rosada.
Para no llegar a un nuevo punto de tensión, como el que dominó la presidencia de Néstor Kirchner, las partes alientan conversaciones reservadas y buscan separar el caso Iribarne de los retoques a la sede militar religiosa. "Van por cuerdas separadas", aseguran voceros habituales.
Los obispos tendrán el martes y el miércoles una agenda cargada de temas pastorales, aunque no se descarta que evalúen las opciones que propone el gobierno para "reformular" el obispado castrense, "aunque sólo una —reconocieron fuentes eclesiales— tiene visos de factibilidad".
Como alternativas, desde Balcarce 50 sugirieron al Episcopado anular por completo el obispado militar o bien encarar una reforma del servicio religioso que se presta en los cuarteles de todo el país, in- clusive con la posibilidad de abrir la atención espiritual de los hombres de armas a pastores evangélicos y rabinos.
La primera opción es rechazada tanto en Roma como en Buenos Aires, sobre todo por el Vaticano, que no quiere que el gobierno "violente en forma unilateral" el tratado suscripto en 1957 y ampliado en 1992 durante la presidencia de Carlos Menem, cuando el vicariato castrense subió al rango de obispado. "El gobierno puede aniquilar estructuras, pero no desarticular años de atención pastoral especializada de capellanes preparados para esa misión", se quejó un sacerdote que recorre en forma habitual los pasillos de las de unidades de las fuerzas armadas.
A pesar de las objeciones eclesiásticas, la idea de eliminar el obispado cobra fuerza en los despachos de la Casa Rosada, en donde se estudian eventuales caminos a seguir. Desde una denuncia del tratado por parte del Poder Ejecutivo hasta solicitar la intervención del Congreso nacional —donde ya hay proyectos en este sentido— para que se derogue por ley.
La segunda alternativa tiene más consenso intraeclesiástico, porque al entender de los obispos consultados, de no aceptarse, el gobierno podría avanzar igual en la disolución del obispado castrense, única diócesis con jurisdicción nacional e injerencia del Estado. Ese camino intermedio implica sumar a otros credos a la contención espiritual de los militares, dentro y fuera de los cuarteles. Asimismo, conlleva redefinir la cantidad y rol de los capellanes castrenses, muy cuestionados y hasta enjuiciados por su actuación en la última dictadura; limitar los fondos públicos que hoy se destinan al mantenimiento del Obispado —más de 350 mil pesos anuales— y permitir ceremonias ecuménicas en las unidades militares.
"Echar al mar". El conflicto eclesiástico-castrense se desató en marzo de 2005 cuando el presidente Néstor Kirchner desconoció la autoridad de monseñor Antonio Baseotto como obispo castrense y pidió su remoción a la Santa Sede por una cita evangélica — "echar al mar a quienes escandalicen a los niños"— que sonó como una apología de los vuelos de la muerte.
Desde entonces para el gobierno nacional la dependencia militar está vacante, a pesar de que monseñor Antonio Baseotto continuó en el cargo hasta mayo del año 2007, cuando recién el Vaticano aceptó la renuncia del prelado al alcanzar el límite de edad que establece el Código de Derecho Canónico. (DyN)
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