Una enfermera peruana que vivía en La Plata y fue deportada en febrero a su país luego de cumplir una condenada por vender una pequeña cantidad de cocaína y separada de sus hijos podrá volver a la Argentina.
Una enfermera peruana que vivía en La Plata y fue deportada en febrero a su país luego de cumplir una condenada por vender una pequeña cantidad de cocaína y separada de sus hijos podrá volver a la Argentina.
El gobierno anunció en una convención de Naciones Unidas que levantó la restricción por "razones humanitarias". Vanessa Gómez Cuevas fue deportada en febrero pese a que había cumplido cuatro años de prisión.
De este modo, siete meses después de su expulsión la mujer, de 33 años, podrá regresar a casa y reencontrarse con sus dos hijos mayores, de quienes fue separada.
Horacio García, director nacional de Migraciones, firmó la dispensa el viernes 30 de agosto, pero la decisión se conoció este lunes, cuando el funcionario lo informó en la ciudad de Ginebra, Suiza, donde Argentina es observada por primera vez desde 2011 por el Comité de Trabajadores Migratorios de Naciones Unidas.
El anuncio de García llegó luego de la exposición de un video que relató la historia de Vanessa, reproducido por el Centro de Estudios Legales y Sociales, la Comisión Argentina para Refugiados y Migrantes y Amnistía Internacional. Las organizaciones mostraron la situación particular de la mujer ante el comité, como un ejemplo de una problemática extendida en el país, que afecta a más de 100 mujeres.
"Estoy muy contenta y nerviosa", dijo Vanessa en una llamada desde Lima, Perú. Cuando recibió el llamado de su abogado, la enfermera lavaba ropa a mano y preparaba la comida para su bebé, que se fue con ella cuando la Policía Federal la llevó engañada de su casa al Aeropuerto de Ezeiza, sin saber que sería deportada del país. "Estoy muy feliz, sé que pronto voy a volver, tengo que tener calma, estoy cayendo de a poco, pero quiero regresar pronto. Estoy muy contenta", contó Gómez Cueva, que ya habló con su hermana.
La mujer había sido expulsada el 1º de febrero de 2019, cuando la Policía Federal se la llevó de su casa en La Plata junto a su bebé más pequeño "para firmar unos papeles".
Al otro día metieron a Vanessa en un avión y la sacaron de vuelta a Lima. Desde aquel día Vanessa no ve a sus hijos de 6 y 14 años, nacidos en Argentina, y quienes vivieron todo este tiempo con su tía y su abuela. Aquel día, la mujer no se despidió de ellos porque pensó que regresaba. "Por eso estoy nerviosa", dijo la mujer.
Gómez Cuevas nació en Perú y fue a vivir a Buenos Aires hace 15 años. La orden de expulsarla del país se basó en un decreto que define la deportación de extranjeros que cometieron delitos graves.
Vanessa fue detenida en un allanamiento en Capital Federal, a partir de escuchas telefónicas, aunque en el operativo no se hallaron sustancias.
Estaba embarazada quedó con prisión preventiva. Tiempo después, en un juicio abreviado, fue condenada a una pena de cuatro años de prisión.
Al año y medio de entrar a la cárcel, Vanessa quedó embarazada de su bebé Michael y recibió el beneficio de la prisión domiciliaria para poder estar con él. En 2014 recuperó la libertad.
Gómez Cueva logró el objetivo teórico del sistema penal: su reinserción en la sociedad fue rápida y comenzó los trámites para obtener la ciudadanía, estudió y terminó la carrera de Enfermería y consiguió trabajo como cuidadora de ancianos.
A pesar de que la condena estaba cumplida, la Dirección Nacional de Migraciones, dependiente del Ministerio del Interior, activó a finales de 2015 el proceso de expulsión. Vanessa intentó defenderse, con el asesoramiento de la Comisión del Migrante de la Defensoría General de la Nación. Pero más tarde renunció a su defensa y se quedó sin abogado.
El Juzgado en lo Contencioso y Administrativo Federal Nº 5, cuya titular es María Alejandra Biotti (quien también determinó semanas atrás la expulsión de Liz Moreta, una dominicana con una historia parecida a la de Gómez Cuevas) debería haberle asignado una defensa oficial y no lo hizo.
Sin abogados, Vanessa nunca apeló la expulsión y la deportación quedó firme. En 2016 la Justicia notificó a la enfermera en un domicilio donde ella ya no vivía. La mujer jamás se enteró, ni firmó la recepción del documento, pero para el juzgado eso no fue considerado una anomalía.
Nunca nadie intentó confirmar que ella supiera, ni la contactaron, a pesar de que tenían su teléfono y su mail. Juan Carli, director de Permanencia de Migraciones, consideró a Vanessa notificada y activó su expulsión del 1º de febrero pasado.
Su caso había llegado en mayo pasado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y desde ese momento la Dirección Nacional de Migraciones comenzó a rever el caso, aunque en la dispensa que autoriza a Vanessa a volver remarca que el caso de la enfermera había tenido ya las instancias agotadas, como dos hábeas corpus que la Justicia rechazó.
"En los últimos años Argentina viene implementando una política migratoria que restringe los derechos de las personas migrantes y fomenta la discriminación. El punto máximo de gravedad es la separación de una mamá de sus hijos", advirtió en su momento Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.
"Yo tenía mi vida, nos levantábamos con mis hijos, los atendía, nos íbamos juntos a estudiar. Salíamos a las 7, mi nena se iba a la escuela, mis hermanas llevaban a mi hijo al jardín y a mi bebito lo dejaba con una prima. Regresaba a cocinar, volvían mis hijos, mi bebé, y me ponía a almorzar y luego me iba a trabajar, a cuidar a una abuelita en una casa particular. Tenía mi trabajo y los fines de semana hacía reemplazos, trabajaba de lunes a viernes por las tardes, no me pagaban mucho pero me alcanzaba para mantener a mis hijos", contó Vanessa en abril. Ahora el panorama se aclaró. Gómez Cuevas ya imagina su regreso. "Tengo muchas ganas de volver a ver a mis niños y abrazarlos mucho", comentó desde Lima, emocionada, mientras le daba de comer a su bebé.
