La Policía desalojó ayer a 246 familias que ocupaban ilegalmente desde hace tres años un edificio en el céntrico barrio de Montserrat, luego de algunos forcejeos con un grupo que se resistía a abandonar el inmueble pero que finalmente accedió a irse tras el pago de un subsidio por parte del gobierno porteño.
Según indicaron fuentes del Ministerio de Desarrollo Social, 220 familias aceptaron recibir una suma de dinero no precisada, pero que trascendió sería de 16 mil pesos, para mudarse del predio situado en Bolívar 331, lo que fue concretado durante el fin de semana último.
Peligroso. Por otra parte, la Justicia había ordenado el desalojo en diciembre pasado, pero el Gobierno porteño pidió aplazarlo para convencer a los vecinos que abandonaran el edificio perteneciente a la empresa San Telmo House, donde se consideraba que había peligro de derrumbe.
El primer plan fue que tuvieran acceso a créditos, pero al no poder cumplirse esa idea se obtuvieron subsidios, que unas 26 familias se resistían a aceptar.
La Policía ingresó al edificio en horas de la mañana, tras cortar la energía eléctrica, y se produjeron forcejeos con los moradores, aunque la situación no pasó a mayores.
La gran mayoría de los vecinos se mudó por su cuenta, a excepción de tres o cuatro familias que acordaron irse a vivir a hogares o paradores del gobierno porteño.
Había dos órdenes de desalojo del inmueble: una del Juzgado Nacional de Primera instancia en lo Civil 42, a cargo del doctor José Silvera, y otra administrativa por peligro de derrumbe.
"El desalojo está superado", manifestó el subsecretario de Fortalecimiento Familiar y Comunitario, Carlos Regazzoni. El funcionario, al acercase al lugar argumentó: "No queremos que nadie pase otra noche más aquí porque hay serio peligro de derrumbe", .
Cada uno de los cuatro pisos cuenta con unas diez habitaciones, en las cuales vivían entre ocho y diez personas, que compartían sólo dos sanitarios y una pequeña cocina en común ubicada en la parte trasera del edificio.
Daños y caídas. En los últimos meses, se registraron varias caídas de mamposterías en las habitaciones y en las escaleras, situación que derivó en una advertencia desde autoridades del gobierno de la ciudad a la Justicia por el riesgo de derrumbe.
"Esto en seis meses más se cae abajo", dijo Emanuel, un hombre que reside en el edificio desde hace siete años y que habitaba en un espacio por el cual pagó, hasta hace un año, unos 500 pesos mensuales.
Algunos vecinos también indicaron a la prensa que durante años pagaron un alquiler a un hombre que todos los meses se encargaba de cobrar la renta. Pero, señalaron que a inicios del año pasado desapareció cuando tomó fuerza que existía una orden de desalojo efectivo. (Télam y DyN)
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