Cinco sacerdotes argentinos denunciados por abusos se ocultaron en Paraguay

Al menos cinco sacerdotes argentinos denunciados por abuso sexual permanecieron escondidos en territorio paraguayo, amparados por la Iglesia de ese país, denunció el diario La Nación de Paraguay.

En un informe del que hasta ahora se publicó sólo una primera parte (de cinco previstas), el diario hizo foco ayer —en la primera entrega— en el caso del sacerdote Carlos Richard Ibáñez Morino, investigado por denuncias de abuso sexual de al menos diez jóvenes en la ciudad de Bell Ville, provincia de Córdoba, a principios de los años 90.

La Nación de Paraguay tituló "Capítulo 1: La historia de Carlos Ibáñez" a la primera parte del informe. Aparentemente, cada una de las entregas estaría referida a un cura distinto. Sobre los cinco religiosos con causas de abusos, el diario anticipó que "hasta hace poco, uno de ellos seguía ejerciendo y otro continúa normalmente con cargos eclesiásticos".

Según La Nación, Ibáñez llegó a Paraguay en 1992 y aún cuando pesaba sobre él una suspensión de parte del obispado cordobés, igual ejerció sus funciones como sacerdote, oficiando misas, trabajando con jóvenes y "paseándose por varias comunidades religiosas" hasta hace apenas unas semanas.

Ibáñez logró también ingresar al mundo académico donde logró un estatus pero gran parte de los títulos que exhibe son falsos, aseguró el medio paraguayo. También participa en una sociedad comercial como uno de los propietarios de una empresa importadora de agroquímicos, Onix SA, en la cual figura como síndico el abogado Ricardo Antar Morel.

Ibáñez y Antar Morel aparecieron fotografiados juntos, sentados en el altar, durante la misa que el Papa Francisco presidió en Paraguay cuando visitó ese país en julio de 2015, menos de un año atrás.

Sucesos. Según la denuncia oficial a la que tuvo acceso el equipo de La Nación, en diciembre de 1991, Tomás y Carlitos (nombres ficticios) conversaban en las inmediaciones del predio del ferrocarril de Bell Ville, cuando se acercó a ellos el padre Carlos y los invitó a acompañarlo a un dispensario. Entonces subieron al Fiat 147, color blanco EM_DASHque el padre Carlos usaba para movilizarse en la ciudadEM_DASH y fueron los tres hasta un consultorio llamado Juan XXIII, ubicado en la calle Echeverría 102. "Allí, en las habitaciones del local, ambos adolescentes tuvieron un encuentro sexual con el sacerdote. La paga para ambos fue de 550.000 australes, moneda que en ese entonces se utilizaba en Argentina", escribió La Nación de Paraguay.

A mediados de 1992 ya había contra Ibáñez un total de diez denunciantes, quienes lo acusaban de abuso sexual. Todos eran jóvenes de barrios pobres de Bell Ville que recibían dinero a cambio de tener relaciones con el religioso.

A mediados de los 90, la Justicia paraguaya se negó dos veces a conceder la extradición del religioso, a pesar del pedido realizado por la Justicia argentina.

En 1997 y a pesar de gestiones de la Embajada argentina en Paraguay, que tomo parte en la causa, la Justicia paraguaya rechazó una reapertura del proceso de extradición.

Finalmente, el 18 de noviembre del 2004, la Sala de Acuerdos de la Corte Suprema paraguaya dio vía libre al proceso de extradición. Sin embargo, ya era tarde ya que en los estrados judiciales de Bell Ville el caso se había extinguido por prescripción de la causa. De esta manera, el sacerdote Carlos Richard Ibáñez, alias "Richardi", logró evitar el proceso por supuestos abusos sexuales contra menores en Córdoba.

Ibáñez se negó a hablar con el diario La Nación de Paraguay cuando los periodistas lo abordaron en la vía pública. Apenas atinó a manifestar que ya no ejerce como sacerdote. A las horas, su abogado, Florencio Oliva, se presentó ante la Redacción del periódico. Dijo que su cliente cuenta con la autorización por escrito del Obispado de San Lorenzo (ciudad pegada a Asunción, en el limite con Argentina), donde consta y certifica que Ibáñez puede ejercer como sacerdote.