La muerte de un anestesista desencadenó una investigación que expuso la existencia de reuniones donde se utilizaban anestésicos robados
El Hospital Italiano asumió la falta de fármacos utilizados en anestesias
Hace más de un mes, un joven anestesiólogo fue hallado muerto en su departamento en un caso que, en un principio, pasó casi desapercibido. Sin embargo, en las últimas horas la investigación dejó al descubierto una trama mucho más compleja: una red que involucra a profesionales de la salud, el manejo irregular de drogas hospitalarias e incluso reuniones y fiestas clandestinas para su consumo.
El 20 de febrero fue encontrado sin vida en su departamento de Palermo el médico Alejandro Salazar, de 29 años, anestesiólogo de guardia del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez y ex residente del Hospital Rivadavia. La autopsia determinó que falleció por una sobredosis de propofol y fentanilo, sustancias de uso habitual en procedimientos de sedación.
A partir de la investigación sobre el origen de estas drogas, se detectó un faltante en el Hospital Italiano de Buenos Aires. En ese contexto, se descubrió la existencia de las denominadas “fiestas del propofol”: encuentros en los que estas sustancias eran utilizadas bajo distintas modalidades. Según trascendió, en estos eventos estarían involucrados residentes, cirujanos y anestesiólogos de distintos hospitales de Buenos Aires.
El 20 de febrero fue encontrado sin vida en su departamento de Palermo el médico Alejandro Salazar. Si bien, la víctima fue inicialmente identificada como Hernán Salazar, luego se confirmó que se trataba de Alejandro Salazar, apodado “Alito”, quien también trabajaba en el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez.
Un posteo de la asociación de profesionales de ese hospital permitió corregir la identidad del fallecido, cuya muerte se convirtió en el punto de partida de la investigación.
La causa para investigar el faltante de anestésicos se inició el 23 de febrero, a partir de una denuncia presentada por el Hospital Italiano de Buenos Aires.
Tras la difusión del caso, la institución confirmó mediante un comunicado oficial que detectó un “robo de estupefacientes” en el área de anestesiología. Este hallazgo activó de inmediato un procedimiento interno que permitió identificar a dos profesionales como presuntos responsables de la sustracción y distribución de las drogas: el anestesiólogo Hernán Boveri y Delfina Lanusse, médica residente de tercer año.
El hospital informó que ambos fueron apartados de sus funciones de manera preventiva y que ya se realizó la denuncia correspondiente ante la Justicia. Además, aseguró que se encuentra colaborando activamente con la investigación en curso para esclarecer los hechos.
En paralelo, la institución inició una revisión exhaustiva de sus protocolos internos con el objetivo de reforzar los controles en la gestión y administración de estupefacientes. También indicó que trabaja de forma conjunta con la Asociación de Anestesia, Analgesia y Reanimación de Buenos Aires para prevenir este tipo de situaciones y fortalecer los mecanismos de control dentro del sistema de salud.
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De acuerdo con la investigación, los medicamentos eran desviados sistemáticamente para su consumo fuera del ámbito clínico. Esta maniobra comenzó a reconstruirse a partir del análisis de audios y mensajes de WhatsApp incorporados a la causa, donde se hacía referencia al uso de insumos hospitalarios con fines recreativos.
En ese contexto, se dieron a conocer las supuestas “fiestas del propofol” o "Propofest": encuentros en los que estas sustancias se utilizaban bajo distintas modalidades. Por un lado, se organizaban reuniones privadas —algunas de carácter sexual— a las que el anestesiólogo Hernán Boveri habría convocado a personas de su entorno.
Por otro lado, también se ofrecían experiencias pagas que consistían en supuestos “viajes controlados”. En ambos casos, según lo que se desprende de la investigación, existía una logística organizada que incluía la provisión y dosificación de las drogas, así como la presencia de personas con conocimientos médicos.
Incluso, se indicó que en esos encuentros había equipos de asistencia respiratoria manual —como el ambú— para actuar ante posibles cuadros de apnea, una práctica conocida en el ámbito sanitario como “ambucear”.
Entre permisos irregulares, robos y distribución de estupefacientes, la causa apunta a la posible participación de varios profesionales de la salud de distintos hospitales, quienes habrían facilitado el acceso a las drogas y contribuido a sostener este circuito clandestino.
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