Los teléfonos celulares deberán empadronarse, y quien quiera comprar un aparato nuevo tendrá que registrar hasta sus huellas digitales, a raíz de una medida del Gobierno, según trascendió esta mañana.
Asimismo, quienes hoy tienen un celular pospago, o sea que reciben a fin de mes la factura por el servicio (unos 3,5 millones de usuarios) no tendrán que registrar ahora su aparato.
Pero el 90 por ciento de los usuarios de celulares, quienes tienen servicio prepago, es decir con tarjeta, deberán inscribirse en el registro oficial.
Con ese fin, la presidenta Cristina Kirchner tiene previsto firmar un decreto que habilitará el empadronamiento de la telefonía móvil, por razones de seguridad, ante el alarmante crecimiento de delitos cometidos a través de los celulares.
En el Gobierno creen que para reducir el número de delitos -como robos y secuestros- es necesario saber de quién es cada aparato, a contramano de lo que sucede ahora, que se compran sin ningún registro.
El decreto presidencial, que se publicaría en los próximos días en el Boletín Oficial, dispone que al vender un celular, las empresas deberán registrar los datos personales del comprador.
Esto implica que quien lo adquiere demuestre su identidad con un documento, dato que será chequeado con el Registro Nacional de las Personas.
Y además, el cliente deberá declarar un domicilio, al que la empresa de telefonía le mandará una carta, y recién cuando ésta sea devuelta al vendedor se podrá habilitar el servicio al aparato.
Como medida complementaria, el comprador deberá registrar sus huellas digitales, que quedarán ligadas al aparato en el registro oficial, según publicó un matutino porteño.
Tanto los compradores de aparatos nuevos, como quienes poseen uno y lo usan con tarjeta, tendrán un plazo de 180 días para demostrar su domicilio y dejar registradas sus huellas digitales.
Los teléfonos con tarjeta no registrados en el plazo fijado -que podrá extenderse por otros 180 días- quedarán fuera de servicio.
Las empresas de celulares (Movistar, Personal y Claro) tendrán la obligación de intercambiar entre sí la información sobre celulares robados o extraviados, con el mismo objetivo: mantener actualizado el registro.
