Fiscales federales de Estados Unidos abrieron una investigación criminal para determinar si las compañías farmacéuticas actuaron de forma intencionada para inundar a la sociedad estadounidense de fuertes analgésicos u opioides, una crisis que hasta el momento ha causado unas 220 mil muertes en casi 20 años.
Si la investigación prospera y se presentan cargos criminales podría convertirse en el enjuiciamiento más grande hasta la fecha contra las compañías farmacéuticas por supuestamente haber contribuido a la epidemia de opioides en EE.UU, lo que intensificaría aún más los problemas legales de algunas que ya enfrentan litigios multimillonarios en tribunales.
El diario The Wall Street Journal fue el que informó primero sobre la investigación, citando fuentes anónimas conocedoras de la pesquisa.
Muchos activistas han pedido que las farmacéuticas afronten no solo demandas civiles, sino también cargos penales. La investigación iniciada es un paso en esa dirección, en principio contra una media docena de grandes empresas.
La firma más asociada a la crisis de opioides es Purdue Pharma, fabricante del fármaco calmante OxyContin, propiedad de la familia Sackler, una de las más ricas de Estados Unidos que desde marzo se enfrenta a un juicio multimillonario por "ayudar a crear la peor crisis de drogas de la historia de Estados Unidos".
Los Sackler, fundadores de Purdue, fueron demandados por más de 500 ciudades, condados y comunidades tribales de Estados Unidos, acusados de violar la ley intencionadamente "para enriquecerse con miles de millones de dólares mientras cientos de miles de personas morían".
Las otras fabricantes que ahora ingresaron al radar de los fiscales federales son Amneal Pharmaceuticals, Johnson & Johnson, Mallinckrodt y Teva Pharmaceutical Industries, que recibieron citaciones de la fiscalía federal en Brooklyn para comparecer ante jurados investigadores, al igual que las distribuidoras AmerisourceBergen y McKesson.
La mayoría de esas empresas han informado este año a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos de las citaciones judiciales.
Johnson & Johnson y su filial Janssen indicaron esta semana en un comunicado que entienden que la solicitud de información forma parte de una "investigación más amplia en todo el sector sobre los programas de monitoreo y de reporte de fabricantes y distribuidoras amparadas en la Ley de sustancias controladas".
Johnson & Johnson y Teva señalaron en sus comunicados que sus protocolos de monitoreo de fármacos eran acordes a la ley.
"De hecho, los datos de monitoreo muestran que los opioides de la empresa rara vez se ven desviados o consumidos de forma abusiva", dijo Johnson & Johnson.
Todas las firmas salvo la fabricante de medicamentos genéricos Amneal, con sede en Nueva Jersey, aparecen también como acusadas en más de 2.000 demandas civiles presentadas por gobiernos estatales y locales, que afirman que sus prácticas de promoción y distribución de fármacos contribuyeron a una crisis de opioides relacionada —según ellos— con más de 400.000 muertes desde el año 2000. La cifra de muertes incluye las relacionadas con opioides con receta y las debidas a sustancias ilegales como heroína y el fentanilo fabricado de forma ilegal.
Una de las alegaciones clave en esas demandas es que las empresas incumplieron la Ley de sustancias controladas por no reportar y detener los envíos de pedidos sospechosos.
En dos casos este año se presentaron cargos penales por ese motivo en procesos que afectaban a distribuidoras más pequeñas. En Nueva York, Rochester Drug Cooperative pagó 20 millones de dólares y accedió a un acuerdo con la acusación.
Y en Ohio, Miami-Luken y dos de sus ejecutivos afrontan cargos similares, que la compañía, ahora disuelta, rechaza.
Purdue Pharma, debido a las denuncias en su contra conocidas en marzo, hizo una declaración de bancarrota en la que detalla sus propuestas de acuerdos para resolver varias demandas.
La firma dijo que un requisito para firmarla sería la resolución de toda responsabilidad federal.
Bajo la Ley de Sustancias Controladas, las compañías están obligadas a monitorear las drogas de abuso común y la revelación de clientes sospechosos de farmacias al gobierno.
Los ejecutivos y las compañías pueden enfrentar cargos civiles por no reportar señales, como órdenes sospechosas, que podrían indicar que las drogas están siendo usadas para propósitos no médicos.
washington. Protesta de familiares de muertos por el uso de opiodes contra los fabricantes.
Por Elbio Evangeliste
