En un contexto de transformaciones globales, crisis climática y apertura económica, las energías renovables han encontrado un espacio cada vez más relevante en el entramado energético nacional.
Argentina, un país tradicionalmente asociado a la riqueza de sus recursos fósiles, ha experimentado en las últimas dos décadas una transición energética silenciosa pero firme.
Por Martín Dapelo
Fuente: Imagen creada con IA
En un contexto de transformaciones globales, crisis climática y apertura económica, las energías renovables han encontrado un espacio cada vez más relevante en el entramado energético nacional.
Durante gran parte del siglo XX, el sistema energético argentino estuvo fuertemente centralizado. El Estado jugaba un papel protagónico en la planificación, financiamiento y ejecución de obras de infraestructura. Sin embargo, a partir de la década de 1990, con la liberalización de la economía, el sector energético fue sometido a procesos de privatización y desregulación. En ese marco, las energías renovables comenzaron a ser consideradas no tanto por su valor ambiental, sino como una opción viable dentro de una matriz diversificada orientada por los precios y la inversión privada.
Recién a partir del siglo XXI, y especialmente luego de la sanción de la Ley 26.190 en 2006, comenzó a delinearse una política más activa de promoción de las fuentes renovables. Esta norma estableció el objetivo de alcanzar un 8% de participación de renovables en la matriz eléctrica nacional en 2016, algo que no se logró en tiempo, pero sí sirvió como punto de partida.
La gran transformación llegó con la Ley 27.191 de 2015, que reformó el marco normativo y fijó metas más ambiciosas: 20% de generación eléctrica renovable para 2025. Además, incorporó mecanismos de mercado para facilitar la inversión privada, como contratos a largo plazo (PPAs), beneficios fiscales y un esquema de licitaciones competitivas.
El programa RenovAr, lanzado en 2016, marcó un antes y un después. A través de licitaciones públicas, el Estado ofrecía contratos de compra de energía limpia a precios previamente determinados, permitiendo que empresas privadas construyeran parques solares, eólicos, pequeños aprovechamientos hidroeléctricos y proyectos de biomasa y biogás.
Los resultados fueron alentadores: en apenas cinco años, se adjudicaron más de 6.000 MW de potencia renovable, con una marcada preponderancia de la energía eólica (mayoritariamente en la Patagonia y la provincia de Buenos Aires) y solar (principalmente en el noroeste). El programa permitió reducir drásticamente los costos de generación renovable, gracias a la competencia entre oferentes y al aprendizaje tecnológico global.
A la vez, se crearon nuevos marcos como el Régimen de Generación Distribuida (Ley 27.424), que permite a usuarios residenciales, comerciales e industriales generar su propia energía renovable e inyectar excedentes a la red, con compensación económica.
Con el cambio de gobierno, el DNU 55/2023 estableció la emergencia del Sector Energético Nacional, luego el DNU 70/2023 que derogó varios artículos de la Ley de Generación Distribuida, entre ellos, los beneficios del Certificado de Crédito Fiscal y el FODIS y según las declaraciones de los funcionarios a cargo en la Secretaría de Energía, no habría una extensión de los objetivos fijados en la Ley 27.191, que era el de alcanzar un 20% de participación de las renovables al año 2025, actualmente la participación alcanzada ronda en el 17% según datos de CAMMESA.
Un hito reciente en esta evolución normativa es la Resolución 400/2025, que marca un giro radical hacia una mayor desregulación del sector eléctrico. Esta norma establece que CAMMESA —la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico, tradicionalmente responsable de centralizar la compra de energía y coordinar el despacho— dejará de ejercer varias de sus funciones clave. A partir de esta resolución, los grandes usuarios deberán negociar directamente con los generadores los contratos de provisión eléctrica, prescindiendo de la intermediación estatal. La medida apunta a fomentar la competencia, reducir costos y dinamizar el mercado, pero también plantea interrogantes sobre la capacidad de negociación de ciertos actores, la volatilidad de precios y el riesgo de concentración del mercado. En este nuevo escenario, la transparencia en los contratos y la regulación de posibles abusos de posición dominante se vuelven cuestiones centrales para evitar desequilibrios y garantizar el acceso equitativo a la energía.
En el marco de un modelo de libre mercado, las energías renovables deben competir con otras fuentes en igualdad de condiciones. Pero esa “igualdad” es relativa: los combustibles fósiles aún reciben subsidios directos e indirectos, y no se internalizan en sus precios los costos ambientales y sociales que generan.
En este contexto, el rol del Estado no debe desaparecer, sino que debe redefinirse. Su tarea es diseñar reglas claras y estables que den previsibilidad a los inversores; garantizar el acceso equitativo a la red eléctrica; fomentar la innovación y el desarrollo tecnológico; y asegurar una transición justa que no deje atrás a trabajadores ni comunidades.
El debate no debe ser si Vaca Muerta o Renovables, sino que debe ser Vaca Muerta y Renovables, estableciendo los mecanismos de inversión que permita que ambas jueguen en igualdad de condiciones en cuanto a subsidios y financiamiento, nuestro país puede ser un importante exportador de hidrocarburos y aumentar sustancialmente su matriz interna en base a renovables.
El camino hacia una matriz energética más limpia en Argentina está en marcha, pero su consolidación dependerá de múltiples factores: la continuidad de políticas públicas, la evolución de los precios internacionales, el acceso al financiamiento, la estabilidad macroeconómica y la capacidad del sistema político para sostener consensos de largo plazo.
También es necesario dar un paso más allá del “porcentaje de renovables” y pensar en una transformación energética integral: eficiencia, descentralización, almacenamiento, redes inteligentes, electrificación del transporte y empoderamiento de los usuarios.
La transición energética no debe ser solo un cambio de fuentes, sino una oportunidad para redefinir el modelo de desarrollo del país, con criterios de sostenibilidad, equidad e inclusión.
En un mundo que camina hacia la descarbonización, apostar por las renovables no es solo una decisión ambiental, sino una estrategia económica, de competitividad, de geopolítica y social. En la era del libre mercado, la energía limpia puede ser también sinónimo de soberanía, desarrollo y futuro.
Por Gustavo Conti
