Los precios minoristas aumentaron un 20,2% en Venezuela en febrero, y promediaron una suba mensual cercana al 30% desde noviembre pasado. La inflación interanual volvió a aumentar y fue de 537,7%.
Los precios minoristas aumentaron un 20,2% en Venezuela en febrero, y promediaron una suba mensual cercana al 30% desde noviembre pasado. La inflación interanual volvió a aumentar y fue de 537,7%.
El gobierno no logra estabilizar la inflación a pesar de los múltiples programas lanzados desde 2019. El último intento de estabilización se inició entre marzo y abril de 2021, y perduró hasta julio de 2022. Pero el programa ya se encuentra agotado y Venezuela atraviesa un nuevo estallido inflacionario.
El Observatorio Venezolano de Finanzas (OVF) confirmó que los precios minoristas escalaron un 20,2% en febrero, después de haber aumentado 39,2% en enero y 37,2% en diciembre de 2022. El aumento mensual de los precios promedió el 29,6% desde noviembre, evidenciando una aceleración respecto al promedio de 4,6% observado entre noviembre de 2021 y febrero de 2022. La inflación interanual volvió a aumentar y fue de 537,7% en comparación con febrero de 2022, el nivel más alto de los últimos dos años.
Febrero fue el sexto mes consecutivo de aumento en la tasa de inflación interanual, y esta métrica acumuló un salto de casi 423 puntos porcentuales en comparación a la inflación observada en agosto de 2022 (estimada en el 114,1% según el OVF). Venezuela acumuló un salto inflacionario del 67,7% en el primer bimestre de 2023. El promedio de precios para el rubro de la salud aumentó un 15,8% en febrero, la indumentaria subió un 13,5%, y los artículos de equipamiento y mantenimiento del hogar aumentaron un 15,1%.
Asfixiado por la pésima situación fiscal, el régimen del presidente Nicolás Maduro se ve obligado a eliminar subsidios directos sobre las tarifas de servicios públicos de electricidad, agua, limpieza urbana y telecomunicaciones. Esto disparó el precio de las tarifas en un promedio ponderado del 156,3% al término de febrero. Fue el rubro con el mayor aumento mensual registrado.
A partir de mayo de 2019 Venezuela eliminó el viejo sistema de control de cambios imperante desde la época de Hugo Chávez, habida cuenta del colapso del Banco Central como regulador del mercado de divisas. La mayor parte de las transacciones con divisas fueron liberalizadas en un mercado de cambios desdoblado. Entre 2021 y 2022 las autoridades decidieron adoptar una serie de medidas para estabilizar los precios. Además de controlar el tipo de cambio libre, se creó un nuevo impuesto a las transacciones con divisas, se ajustó el crecimiento de gastos del sector público, principalmente reduciendo los subsidios a las tarifas. El encaje bancario se mantuvo entre el 93% y el 73% y se aumentó de la tasa de interés de referencia del 40% al 60% anual. Todo esto logró frenar la hiperinflación que sufrió durante años el país. La inflación interanual se moderó del estratosférico 3.867% en marzo de 2021 al 114,1% en agosto de 2022, y el promedio de aumento mensual de los precios minoristas se redujo del 37% en 2020 al 19,5% en 2021, y 12,74% entre enero y diciembre de 2022. Pero el programa comenzó a agotarse a partir de agosto pasado.
Para contener la tasa de devaluación oficial, tal como ocurre en Argentina, el Banco Central de Venezuela debió afrontar importantes caídas de reservas internacionales (las cuales había logrado robustecer por la liberalización del mercado cambiario en mayo de 2019). La autoridad debió permitir aumentos devaluatorios progresivamente superiores, erosionando así el ancla nominal del programa de estabilización. Para febrero de 2023, la tasa de devaluación oficial escaló al 11%, frente a una tasa de inflación mensual que la duplicó. La apreciación del tipo de cambio real ya no funciona como ancla para las expectativas, porque precisamente se espera que el sistema se vuelva insostenible y llegue una devaluación violenta.
El agotamiento del último intento de estabilización y el abandono del régimen de devaluaciones administradas y apreciación cambiaria podría precipitar a un nuevo estallido hiperinflacionario, incluso habiéndose mejorado la posición fiscal del sector público.