Venezuela se encamina hacia las elecciones legislativas de este domingo, en las que se prevé que los candidatos del partido socialista del presidente Nicolás Maduro se impongan con comodidad ante la ausencia de rivales de peso debido a que las principales fuerzas opositoras llamaron a un boicot a los comicios por considerarlos un fraude. Más bien, la atención estará puesta en el nivel de participación, dado que las encuestas indican que apenas 10% de los ciudadanos ha dicho que "está seguro" de que concurrirá a votar, y otro 24% lo considera o está estudiando.. Además, un 60% considera ilegítimas las elecciones. Numerosos países no reconocerán los resultados de estas elecciones por su falta de transparencia y por el veto a la participación de las principales figuras de la oposición y la eliminación de las siglas partidarias más competitivas.
Si el oficialismo logra recuperar el control de la Asamblea Nacional, algo que se da por descontado, las fuerzas opositoras encabezadas por Juan Guaidó quedarán sin mayor peso institucional para ejercer algún contrapeso, lo que podría acelerar la extinción de los últimos vestigios de la democracia venezolana.
"Todo indica que él (Maduro) va a lograr lo que siempre ha buscado que es tener control total, autoritario, hegemónico de todas las instituciones del país'', dijo a la Associated Press el presidente de Diálogo Interamericano en Washington, Michael Shifter.
Baja participación y desconfianza
Más de 20 millones de venezolanos han sido llamados a las urnas para el 6 de diciembre para elegir a la nueva Asamblea Nacional. Sin embargo, la participación alcanzaría como mucho un 34%, según estimaciones de la encuestadora Datanálisis. De ese 34%, apenas un 10% dice estar "muy seguro" de participar, mientras que otro 24% "podría» llegar a hacerlo. Pero lo cierto es que esa cifra podría ser más baja por la desconfianza que ha sembrado el Consejo Nacional Electoral (CNE) en procesos anteriores, especialmente por la falta de transparencia, y por las pocas garantías que se ofrecen.
"Las elecciones parlamentarias, usualmente, siempre tienen menos participación que unas elecciones presidenciales. Pero en esta oportunidad, la baja participación estará marcada porque las parlamentarias son parciales, es decir, estas votaciones fueron convocadas por una parte del juego (el gobierno de Maduro)", explica el director de Datanálisis, Luis Vicente León. Para el especialista, aunque haya una abstención importante, pero con una suficiente participación, esta elección le servirá al chavismo para tomar el control de la Asamblea Nacional, un deseo que ha tenido el régimen desde que la oposición se hizo con la mayoría del Parlamento hace cinco años.
En los comicios legislativos participarán algunas organizaciones opositoras minoritarias y expulsados de los grandes partidos opositores a los que el Tribunal Supremo de Justicia les entregó a mediados de año la dirección, tarjetas, símbolos y colores de esas organizaciones. Así han quedado sus verdaderos líderes y afiliados despojados de esos signos y del registro ante la autoridad electoral.
Durante 16 años la Asamblea Nacional estuvo en manos del oficialismo, pero tras la abrumadora derrota en los comicios de diciembre de 2015 el cuerpo legislativo pasó a ser liderado por la oposición, que en estos cinco años debió sortear presiones, acosos físicos, y el cerco del máximo tribunal, controlado por el régimen, que anuló todas las leyes y decisiones que tomaron los congresistas. Incluso el TSJ despojó de sus fueros a numerosos diputados opositores, que fueron detenidos, muchas veces antes de que se les notificara la pérdida de esos resguardos jurídicos.
Maduro consolidará el control institucional en medio de los cuestionamientos de la comunidad internacional, encabezada por Estados Unidos y la Unión Europea, y gran parte de América latina, lo que hace prever que el régimen seguirá bajo las sanciones de esas naciones. Al contrario, Rusia, China, Irán, Cuba y Turquía, aliados de Maduro, le han dado auxilio, pero no llegan a compensar el peso de las sanciones, en especial de las de EEUU.
Biden
Shifter descartó que la postura de Washington hacia el gobierno venezolano cambie en enero, luego de que Joe Biden asuma la presidencia y planteó que el demócrata tendrá una posición "bastante dura'' con Maduro, pero tal vez de mayor acercamiento hacia los europeos de lo que se vio durante el mandato de Donald Trump.
Venezuela, que fue una potencia productora de petróleo, ha visto destruirse su industria hidrocarburífera. Las sanciones internacionales solo la han afectado seriamente desde 2017, con Donald Trump, pero la decadencia viene de muchos años antes. La estatal PDVSA fue la mayor empresa petrolera del continente fuera de EEUU, hoy no puede hacer funcionar refinerías, oleoductos ni pozos. Algo similar ocurre con el gas.
Más de cinco millones de venezolanos han huido en los últimos años, lo que representa la migración más grande del mundo después de la Siria.
La coalición opositora está promoviendo un boicot a las elecciones legislativas y una consulta popular para medir el respaldo de los sectores contrarios al régimen. En la consulta, que se realizará entre el 7 y 12 de diciembre de manera digital, se le preguntará a la población si está a favor de exigir el "cese de la usurpación'' de la presidencia de Maduro (surgido de unas elecciones en 2018 no reconocidas por la comunidad internacional) y de hacer gestiones en el exterior para rescatar la democracia y atender la crisis humanitaria. La consulta, impulsada por organizaciones civiles, no tendrá validez legal. Carlos Vecchio, representante de Guaidó en Washington, dijo que los dirigentes opositores saben el riesgo que implica llevar a cabo el referendo a medida que se desvanece el apoyo popular de este líder, que alguna vez fue ferviente.
Oposición debilitada
El gran movimiento que impulsó Guaidó, de 37 años, al asumir la dirección del Congreso y declararse presidente interino en 2019 se ha debilitado de manera acelerada en el último año a medida que los venezolanos se frustraron porque la oposición no pudo destituir a Maduro y restaurar la estabilidad macroeconómica. Eran expectativas desmesuradas, fuera del alcance de una oposición con respaldo meramente diplomático de las grandes democracias occidentales y latinoamericanas, pero sin capacidad real para forzar la salida de Maduro o unas nuevas elecciones presidenciales limpias y competitivas. A esto se sumó la agresión y persecución permanente de los servicios de inteligencia del régimen, de su Poder Judicial y de los paramiltares de los llamados "colectivos".
Uno de los mayores apoyos internacionales que recibió el líder opositor fue el de la administración Trump, que golpeó a Maduro con sanciones dirigidas a PDVSA. El Departamento de Justicia de Estados Unidos también acusó a Maduro de "narcoterrorista'' y ofreció una recompensa de 15 millones de dólares por su arresto.
Elliott Abrams, representante especial de Estados Unidos en Venezuela, dijo que su país continuará reconociendo a los legisladores de la oposición y a Guaidó como presidente interino a pesar del resultado de la votación del domingo. El mandato de Guaidó en la Asamblea Nacional finalizará a principios de enero.
Abrams dijo que también espera que el amplio apoyo internacional a la oposición venezolana se mantenga firme a pesar de los esfuerzos del gobierno de Maduro por socavar la democracia. "Han hecho todo lo posible para asegurarse de que ésta no sea una elección libre'', dijo. "En cambio, estamos obteniendo una elección que no merece ser llamada elección''.
