María Corina Machado fue despojada de sus derechos políticos. El régimen le teme y no permite que compita contra Maduro.
El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela ratificó la anulación de los derechos políticos de la candidata presidencial María Corina Machado y del ex candidato presidencial Henrique Capriles. El régimen chavista de Nicolás Maduro confirmó de ese modo que no habrá elecciones competitivas este año.
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela confirmó la inhabilitación para ejercer cargos públicos de la candidata presidencial María Corina Machado y del excandidato presidencial Henrique Capriles. En otras palabras, ratificó lo que hizo el gobierno: los dejó sin derechos políticos. Este año habrá elecciones presidenciales y Maduro se presenta por su reelección. La impopularidad del presidente chavista es insuperable y claramente perdería contra Machado o Capriles, y por gran distancia. Con su veto, el régimen chavista bloquea toda posible transición a la democracia. La interminable crisis económica en la que el chavismo sumió a Venezuela desde los tiempos de Hugo Chávez han dejado a más del 90% de la población bajo la línea de pobreza. La que fue la nación más rica de Sudamérica hoy es la más pobre y siete millones de sus habitantes han dejado el país en busca de mejor vida.
De acuerdo al TSJ, el recurso que ejerció Machado el 15 de diciembre “no cumple con los requerimientos establecidos y exigidos” en el acuerdo de Barbados firmado entre el gobierno y la oposición el año pasado. “El régimen decidió acabar con el acuerdo de Barbados. Lo que no se acaba es nuestra lucha por la conquista de la democracia a través de elecciones libres y limpias. Maduro y su sistema criminal escogieron el peor camino para ellos: unas elecciones fraudulentas. Eso no va a pasar. Que nadie lo dude, esto es hasta el final”, reaccionó Machado en la red social X, luego de que se conoció la sentencia.
Machado, quien con más de 2 millones de votos ganó la primaria presidencial de la oposición celebrada en octubre, presentó el 15 de diciembre ante el TSJ un reclamo junto a una demanda de amparo cautelar contra la “vía de hecho” de la inhabilitación para ejercer cargos públicos por 15 años que le habría impuesto la Contraloría General de la República (CGR), una acción que nunca le fue notificada.
Anteriormente, el presidente Maduro aseguró que los acuerdos de Barbados están “heridos de muerte” y Jorge Rodríguez, jefe de la delegación oficialista en las negociaciones, agregó que no había posibilidad de que Machado fuera candidata para ningún cargo.
La inhabilitación política impide a Machado formalizar su candidatura para las elecciones presidenciales previstas para este año. Así el régimen chavista bloquea toda posible transición a la democracia y mantiene al país bajo su yugo.
El TSJ también consideró improcedente la solicitud de Capriles y quedó inhabilitado por quince años para el ejercicio de funciones públicas. Capriles, dos veces candidato presidencial, fue inhabilitado en 2017 “por irregularidades administrativas” presuntamente ocurridas mientras era gobernador del estado Miranda. En pocas palabras, el régimen chavista eliminó los derechos políticos básicos de las figuras más prominentes de la oposición.
Hoy María Corina Machado es la dirigente más popular de Venezuela, por mucha distancia. Capriles está mucho más desgastado y ha perdido credibilidad con el paso de los años. Pero cualquiera de ellos superaría en las urnas a Maduro, tal vez el dirigente más impopular de Venezuela.
En noviembre, Noruega, país facilitador en las negociaciones entre el gobierno de Maduro y la oposición, divulgó un procedimiento acordado por las partes para la revisión de inhabilitaciones para ejercer cargos públicos. El mecanismo establece que “cada persona inhabilitada” podría ejercer un recurso entre el 1 y el 15 de diciembre contra la medida ante el TSJ, que “se pronunciará sobre la admisión de la demanda y el amparo cautelar solicitado”.
Tras la firma del acuerdo en Barbados, el gobierno de EEUU emitió licencias generales que autorizan “temporalmente”, algunas transacciones que involucran a la industria petrolera venezolana, pero advirtió que las medidas serían revertidas “si no se cumplen los compromisos estipulados”, entre ellos el levantamiento de inhabilitaciones y la liberación de presos políticos. Hay cientos de presos políticos en Venezuela desde la masiva represión con 125 muertos en las calles de 2017.
A finales del mes pasado, el gobierno de Estados Unidos liberó a Alex Saab, un aliado del presidente Maduro, como parte de un intercambio por ciudadanos estadounidenses encarcelados en Venezuela. Unos 30 presos políticos fueron excarcelados.
Recientemente, EEUU ha expresado preocupación por los actos de persecución política por parte del gobierno venezolano contra la oposición, y advirtió que las acciones contra el acuerdo de Barbados “tendrán consecuencias”.
Distintos sectores de la sociedad civil han denunciado que las inhabilitaciones son arbitrarias, algo de lo que no caben dudas, y que han sido ordenadas por el gobierno para “sacar del juego” a opositores competitivos y chavistas disidentes que aspiran a un cargo de elección popular.
Esta semana, la oposición venezolana agrupada en la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) anunció que denunciará ante Noruega, facilitador de la negociación, la violación de los acuerdos suscritos en Barbados por parte del régimen de Nicolás Maduro, luego de que fuera ratificada la inhabilitación presidencial de María Corina Machado. La delegación opositora para el diálogo con el chavismo también pidió la conformación de una comisión de seguimiento y verificación que evalúe el estatus de los acuerdos firmados, en octubre pasado, en Barbados.
“En cada acuerdo hemos establecido una comisión y ha sido muy difícil, por no decir casi imposible, poder establecerlas. No se quiere control sobre la verificación y ejecución de cada una de las etapas de los acuerdos”, aseveró el jefe de la delegación opositora en las negociaciones, Gerardo Blyde.
A juicio de la delegación, el chavismo ha violado lo acordado, luego de que el Supremo ratificara la inhabilitación contra Machado, que le impide competir en las presidenciales, pese a que fue elegida como candidata de la mayoría opositora en unas primarias en las que obtuvo el 92,35 % de los votos.
Vente Venezuela, el partido de María Corina Machado, denunció que Luis Camacaro y Juan Freites, dos de sus tres jefes regionales de campaña detenidos de manera irregular esta semana, fueron presentados ante un tribunal sin permitir la presencia de sus abogados, ni el contacto con sus familiares. El abogado Perkins Rocha dijo que las autoridades judiciales no les han permitido tener acceso a los expedientes.
Camacaro, jefe de campaña de Vente Venezuela en el estado Yaracuy (oeste), y Freites, en la región costera de La Guaira (norte), fueron detenidos esta semana, además de Guillermo López, responsable del comando en Trujillo (oeste). Según la información publicada en la red social X, Camacaro y Freites, tras “más de 72 horas desaparecidos”, fueron presentados este jueves en el Palacio de Justicia de Caracas, que el “régimen tomó violentamente” con “más de 30 agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y “desalojó a familiares y abogados que esperaban el traslado de otros detenidos”.
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