Amnistía Internacional (AI), con información de medios de comunicación y organizaciones de derechos humanos locales, denunció este jueves otras catorce ejecuciones extrajudiciales en Venezuela, que se habrían producido entre el 6 y el 9 de enero en el barrio de Caracas La Vega. Estos nuevos asesinatos responden al mismo patrón que vienen denunciando desde hace años organizaciones internacionales y los propios venezolanos de a pie. Amnistía pidió que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional incluya los hechos en el examen preliminar en marcha sobre los crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
Según los cuerpos de seguridad, un dispositivo policial habría acudido a La Vega por el supuesto asedio de grupos delictivos, narra el informe de Amnistía Internacional publicado este jueves. Miguel Domínguez, comandante de las Fuerzas de Acción Especiales (FAES), publicó el 8 de enero en sus redes sociales: «15 presuntos delincuentes abatidos, 2 víctimas inocentes y 15 personas detenidas tras tiroteo en La Vega». Las FAES son acusadas hace años de los peores crímenes que comete el régimen chavista. Su función represiva tiene el objetivo político de infundir miedo entre los sectores populares, devastados por la crisis económica de los últimos 10 años.
Los medios de comunicación alineados con el chavismo informaron de que una supuesta banda armada que habría intentado tomar control sobre La Vega sin que los supuestos enfrentamientos fueran reportados por funcionarios policiales, ni tampoco se conoció de su intervención hasta la mañana del 8 de enero cuando. a través de las redes sociales. se informó sobre la actuación de las FAES de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), según recoge AI.
Para el presunto operativo se desplegaron 650 funcionarios policiales, de varias unidades, de las FAES y de la Dirección de Investigaciones Penales (DIP) de la PNB, según la información publicada por la PNB.
Disparos y un camión con cadáveres
Amnistía Internacional ha verificado nueve videos filmados entre el 8 y el 9 de enero que muestran la actividad policial en la zona, en varios de los cuales se escuchan disparos.
En uno de ellos, del 8 de enero, se ve una escena en Calle los Bloques, cerca del centro de La Vega, en la que se escuchan disparos. Asimismo, en una fotografía tomada desde el mismo mirador se observa que los vehículos del video son camiones de la Policía y que hay una fuerte presencia policial. En otro video se escucha un disparo y un oficial de policía se agacha. Más adelante, aparece el mismo oficial apuntando su arma.
Otros videos muestran la misma calle en la que suenan los disparos, uno de ellos muestra a policías armados patrullando el área. Además, en otro video filmado desde arriba de la calle, se aprecia una camioneta de la policía avanzando por la calle Zulia, fuera de La Vega, con lo que parecen ser cuerpos en la parte de atrás.
"La ubicación y número de las heridas de bala en los cuerpos de las víctimas en La Vega hacen aún menos creíble la versión oficial de que estas muertes se produjeron en un enfrentamiento con fuego cruzado", asegura la directora para América de Amnistía Internacional, Erika Guevara Rosas.
Por el contrario, corroboran los hallazgos de Amnistía Internacional sobre una política sistemática de ejecuciones extrajudiciales y otros crímenes de derecho internacional en Venezuela. "Sin señales de una investigación imparcial e independiente sobre los hechos, el examen de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional se torna más necesario que nunca".
Investigación en la Corte Penal Internacional
Amnistía Internacional subraya que "no existe aún información pública oficial sobre la investigación de estos eventos por parte de la Fiscalía General de la República ni por parte de la Defensoría del Pueblo".
La Fiscalía de la Corte Penal Internacional abrió en febrero de 2018 un «examen preliminar» sobre Venezuela por el empleo de «fuerza excesiva» por parte de la Policía para "dispersar y reprimir manifestaciones", así como los "graves abusos" sobre los detenidos, y analiza los hechos al menos desde abril de 2017, cuando estalló una ola de protestas estudiantiles y de sectores populares, que fueron brutalmente reprimidas, con un saldo parcial de 125 fallecidos. ,A partir de entonces se han ido añadiendo nuevas denuncias. Entre ellas, las acusaciones de ejecuciones extrajudiciales en la masacre de El Junquito, en 2018, en la que murió el ex policía Óscar Pérez y otros seis sublevados contra el régimen de Nicolás Maduro.
La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, denunció en septiembre de 2020 que, solo en ese año, se habían producido más de 2.000 ejecuciones extrajudiciales.
