Pedro Castillo solo duró 16 meses en el poder. Cuando intentó dar un golpe fue destituido.
La fiscalía de Perú pidió 34 años de prisión para el ex presidente Pedro Castillo, por su fallido intento de disolver el Congreso y perpetrar un golpe de Estado en diciembre de 2022. “Ministerio Público solicita 34 años de prisión contra Pedro Castillo Terrones por los delitos de rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación a la tranquilidad pública”, informó la fiscalía a través de la red social X.
El juez Juan Carlos Checkley deberá en las próximas semanas revisar los fundamentos de la acusación. Castillo, un izquierdista de 54 años, cumple prisión preventiva hasta diciembre de 2025 en una cárcel para exmandatarios. Castillo llegó al poder luego de vencer en 2021 en el balotaje a Keiko Fujimori con un pequeño partido de extrema izquierda con vínculos con el grupo terrorista Sendero Luminoso.
La Fiscalía también pidió por el delito de rebelión 25 años de cárcel para la ex primera ministra Betssy Chávez; los exministros de Comercio e Interior, Roberto Sánchez y Willy Huerta, respectivamente; y para los oficiales de la Policía Nacional Manuel Lozada, Jesús Venero y Eder Infanzón. La Fiscalía reclamó también 15 años de cárcel para el ex primer ministro y exministro de Justicia Aníbal Torres, por el delito de rebelión.
El 7 de diciembre de 2022, el entonces presidente intentó cerrar el Congreso y tomar el Poder Judicial, el Ministerio Público y el Tribunal Constitucional, a través del establecimiento de un “gobierno de excepción”. La decisión era claramente ilegal e inconstitucional. La rebelión fue considerada por el Parlamento un intento de golpe de Estado y el pleno del cuerpo destituyó a Castillo de forma inmediata bajo la causal constitucional de incapacidad moral.
Pocas horas después de anunciar su intención de disolver el Congreso, la Fiscalía peruana lo arrestó. Desde entonces permanece entre rejas en el penal de Barbadillo, en Lima, que es conocida como la cárcel de los expresidentes, porque allí está alojado Alejandro Toledo y hasta hace poco estaba allí Alberto Fujimori, otro ex mandatario que atentó contra la Constitución. Castillo también cumple una pena por los delitos de organización criminal, colusión y tráfico de influencias.
La Fiscalía pidió 36 meses de prisión preventiva contra el expresidente Castillo y dos de sus ministros por liderar una organización criminal que habría operado en tres sectores del Estado: el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), y Petro Perú.
El gobierno de Castillo fue de una inestabilidad que quedó manifiesta en los cinco equipos de gobierno -con más de 70 ministros- que tuvo en solo 16 meses. Incapaz de dar rumbo al país, tuvo que vérselas además con un Congreso hostil, perdiendo incluso el apoyo de su propio partido, Perú Libre, la fuerza que le ganó el balotaje a Keiko Fujimori. El cese de Castillo trajo para Perú una de sus peores crisis recientes, con casi medio centenar de muertos por la represión en las protestas por su detención y contra quien tomó el mando, la que era hasta ese momento su vicepresidenta, Delia Boluarte.
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