Las sanciones que Estados Unidos ha aplicado al régimen venezolano son motivo de discusión y polémica. Mientras los chavistas no dudan en señalar a las sanciones como las responsables de la crisis económica y humanitaria que atraviesa el país, el calendario y el tipo de sanciones demuestra claramente que estas sólo comenzaron a tener efecto sobre la economía venezolana desde agosto de 2017, cuando Donald Trump adoptó por primera vez medidas que van más allá de las sanciones a jerarcas del régimen. Pero la hiperinflación, la escasez de alimentos y medicamentos y muchos otros males crónicos de Venezuela son muy anteriores.
En 2015, bajo la presidencia de Barack Obama, EEUU aplica las primeras sanciones contra Venezuela. Con un decreto presidencial, Obama declaró a Venezuela en marzo de 2015 una "amenaza extraordinaria para la seguridad nacional y para la política exterior de EEUU" y congeló bienes y cuentas bancarias de siete oficiales y altos funcionarios del gobierno de ese país, a los cuales, además, se les prohibió ingresar a EEUU o hacer negocios con ciudadanos estadounidenses. La iniciativa partió del senador demócrata Bob Menéndez.
Más tarde, en febrero de 2016, el presidente venezolano Nicolás Maduro pidió a EEUU no prolongar las sanciones vigentes. Pero Obama no accedió y las prolongóp por un año más. Su argumento fue que la situación en materia de derechos humanos y represión de las libertades en Venezuela no había mejorado, sino que continuó la persecución de opositores, las limitaciones a la libertad de prensa, la violencia y la violación de los derechos humanos durante las protestas contra el gobierno.
Ya bajo el nuevo presidente, el republicano Donald Trump, quien asume en enero de 2016, las sanciones se incrementan, pero inicialmente en el nivel personal. En febrero de 2017, Washington promulga sanciones financieras contra el vicepresidente venezolano, Tareck El Aissami, a quien acusa de estar implicado en el tráfico de cocaína. A mitad de 2017 se produce una escalada de sanciones. Primero se aplican sanciones financieras contra 13 funcionarios del gobierno. A fines de julio, tras la elección de la Asamblea General Constituyente, que de facto reemplazó al Parlamento venezolano y fue elegida con un padrón manipulado, le toca también a Maduro. Se le congelan todos sus bienes , y se prohíbe estrictamente a los estadounidenses negociar con Venezuela. Una semana después se anuncian sanciones adicionales contra otros ocho funcionarios, entre ellos, Adán Chávez, el hermano del fallecido Hugo Chávez. Pero aún se está en el nivel de sanciones ad personam, que no afectan a la economía venezolana.
La bisagra
En agosto de 2017, llegan las primeras sanciones realmente económicas, las primeras que no van dirigidas a individuos de la jerarquía chavista y que equivalen a aplicar un torniquete al flujo de dinero fresco para las exhaustas arcas públicas de Venezuela. Las sanciones dificultan a Venezuela el acceso a dinero efectivo. Nicolás Maduro denunció que Trump habría decretado "el cierre de Citgo" y el default de Venezuela frente a acreedores internacionales. Citgo es la filial estadounidense de la petrolera estatal venezolana PDVSA y fundamental en sus balances.
Pero aún estas sanciones tienen un "diseño quirúrgico" para posponer el uso del recurso de definitivo en manos de Estados Unidos: el embargo de las importaciones de petróleo venezolano. Pero se atacó la financiación de Venezuela, ya que impiden que Citgo pueda enviar dividendos a Caracas. Además, Trump prohíbe el comercio con determinados bonos venezolanos de PDVSA. De ese modo, Venezuela no puede tomar crédito del sistema financiero de EEUU ni venderle activos. Esa limitación pretende dificultar al gobierno venezolano la obtención de dinero fresco. Con esas duras sanciones, Maduro perdió una importante fuente de ingresos. Según el presidente de Venezuela, la medida golpea sobre todo al sistema de salud venezolano.
En noviembre de 2017, también la Unión Europea aplica sanciones a Venezuela. Bruselas prohíbe la exportación de armas y equipamiento militar a Venezuela porque son utilizadas para reprimir a la sociedad civil venezolana. Más tarde se emite una prohibición de ingreso a la UE de 18 personas de círculo de confianza de Maduro, y se les congelan sus bienes.
En enero de 2018, Washington continúa aumentando la presión. Esta vez, las sanciones afectan a mandos militares acusados de corrupción y represión. A principios de mayo se suman otras por primera vez 20 empresas venezolanas.
Cuando Maduro es reelecto en los cuestionados comicios de mayo de 2018, Trump decreta que todas las empresas y ciudadanos estadounidenses tienen prohibido comprar bonos o títulos de deuda de Venezuela. En noviembre de 2018, EEUU dicta medidas contra las exportaciones de oro de Venezuela, para quitarle a Caracas una importante fuente de divisas.
En 2019 EEUU va directo contra la fuente de ingresos más importante de Venezuela: la industria petrolera. Desde fines de enero, si bien EEUU puede comprar petróleo venezolano, debe realizar sus pagos a cuentas bloqueadas, es decir, que los bienes de Venezuela en el extranjero también se congelan. Estados Unidos envia a esas cuentas bloqueadas los pagos a PDVSA por su petróleo, con el fin de trasladarlos en el futuro a Juan Guaidó, presidente interino reconocido por Washington. El torniquete financiero y petrolero se aplicó finalmente a fondo.
