El gobierno español se dispone a tomar el control de la autonomía de Cataluña, pero la tarea se anuncia difícil y podría chocar con la desobediencia o la huelga de miles de funcionarios y simpatizantes de la causa independentista. Entre esas medidas, amparadas por el artículo 155 de la Constitución y aprobadas ayer por el Senado está la destitución en bloque del gobierno independentista catalán y la puesta bajo control del Ejecutivo central de toda la administración catalana. Entrarán en vigor en cuanto se publiquen en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Pero tal y como advirtió esta semana el catalán Josep Borrell, ex ministro y ex presidente del Parlamento Europeo, "no basta con publicar las cosas en el BOE, luego hay que llevarlas a la práctica, y eso va a ser muy complicado".
En la actualidad, sólo un 9% de los funcionarios catalanes, es decir unas 26.000 personas, corresponden a la administración del Estado central. Según el diario El País, el Estado dispone allí de 842 jueces y de apenas 5.900 miembros de las fuerzas del orden, frente a los 16.000 efectivos de la policía regional, los Mossos dEsquadra. Esto explica que el gobierno central tuviera que enviar de refuerzo a 10.000 guardias civiles y policías nacionales, muchos de ellos alojados en barcos frente a los puertos de Barcelona y Tarragona.
Huelgas, boicot y desobediencia
En esta región de 7,5 millones de habitantes, la presión callejera de los simpatizantes del independentismo es habitual. El colectivo "En peu de pau" (En pie de paz, en catalán), difundió una serie de consignas en las que detalla toda una "estrategia no violenta de liberación": lanzar campañas de "no cooperación", a través de huelgas y boicots, o de desobediencia civil, que asuman el hecho de incurrir en ilegalidades.
En Cataluña trabajan un total de 304.000 funcionarios, de los cuales 167.000 dependen del órgano regional de gobierno, la Generalitat, y 84.000 de los ayuntamientos. Desde su posición, muchos de ellos podrían mostrarse reticentes a cumplir las directrices llegadas desde Madrid. "No reconoceremos que se vulnere el autogobierno de las instituciones catalanas (...) Nosotros como sindicato no vamos a reconocer la legimitidad de estas autoridades" designadas por Madrid, dijo Marc Casanova, vocero del sindicato IAC, mayoritario entre los funcionarios de la Generalitat. La vicepresidenta del gobierno español, Soraya Sáenz de Santamaría, advirtió en ese sentido que podría haber "remociones respecto de aquellos cargos que abiertamente sigan sin cumplir con la Constitución".
Un sector espinoso es el de la educación, donde se practica una política de inmersión lingüística, en función de la cual casi todas las horas lectivas son en catalán. Ramón Font, portavoz del sindicato Ustec, mayoritario entre docentes de primaria y secundaria, dice que desde su organización no se dan consignas, pero él personalmente no va a ceder. "Si me hacen dar en castellano una clase de historia, no lo voy a hacer", dijo.
La resistencia podría venir igualmente de los bomberos. "Si cortan (los manifestantes) una carretera y nos piden desbloquearla, puede que no respondamos", explicó uno de ellos bajo anonimato.
Los Mossos
Otro escollo es la toma efectiva de control de los Mossos d'Esquadra, que tienen muchas competencias, desde el orden público en el día a día hasta las investigaciones en materia antiterrorista. "Claro que no es fácil ni agradable! Sería traumático, porque no estaría bien visto que viniese un policía o alguien externo a asumir el control de los Mossos", aunque sea unos meses, dijo Ramon Cossío, vocero del sindicato de policía nacional SUP, mayoritario. Las relaciones entre los Mossos y la policía nacional y la Guardia Civil se han tensado desde el referéndum de autodeterminación ilegal del 1º de octubre, en el que hubo algunos incidentes entre los agentes catalanes y los estatales.
Uno de los aspectos a favor del Estado central es que ya tiene el control de las cuentas de la Generalitat. Desde septiembre, sus finanzas están bajo tutela del gobierno central, y a finales de este mes ya no podrá pagar directamente a sus funcionarios ni a sus acreedores. La administración fiscal sigue además en manos del Estado central.
