Informe de la ONU detectó violaciones a los DDHH durante las protestas en Chile

Naciones Unidas difundió un informe en el que afirmó que en Chile se han registrado graves violaciones a los derechos humanos en la represión de las manifestaciones que se suceden desde hace dos meses. El gobierno relativizó el informe y señaló que ha abierto más de 800 investigaciones internas y dado de baja a ocho policías por excesos en la represión.

El documento de la oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la ex presidenta chilena Michelle Bachelet, es el resultado de una visita al país en noviembre que duró tres semanas. "Hay razones fundadas para sostener que, a partir del 18 de octubre, se han producido un elevado número de violaciones graves a los derechos humanos'', indicó el texto. Agregó que éstas "incluyen el uso excesivo o innecesario de la fuerza, que resultaron en la privación arbitraria de la vida y en lesiones, la tortura y malos tratos, la violencia sexual y las detenciones arbitrarias''.

La investigación de Naciones Unidas aseveró que el alto número de personas con lesiones oculares o faciales, unas 350, demuestra que hay razones fundadas para creer que "se usaron armas menos letales de manera inadecuada e indiscriminada, en contravención de los principios internacionales para minimizar el riesgo de heridas.''. Explicó que, aunque la mayoría de las heridas son por perdigones, otras son por el "uso de irritantes químicos, en particular gases lacrimógenos y, en algunos casos del impacto de los cartuchos de gas lacrimógeno''. El uso de los cartuchos con perdigones de plástico fue prohibido luego de la ola de lesionados en las primeras semanas de los disturbios.

El gobierno relativizó el informe y la Subsecretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, Lorena Recabarren, dijo que "es necesario precisar y aclarar una serie de afirmaciones y conclusiones que, a juicio del gobierno, no están adecuadamente representadas o contienen información errada''. Añadió que el documento da por cierta la existencia de violaciones a los derechos humanos "antes de que concluyan las investigaciones en curso". La policía informó que se han instruido 856 investigaciones internas y que dio de baja a ocho agentes antimotines "por incumplimiento grave de los protocolos''.

Pero la conclusión de Naciones Unidas coincide con las aseveraciones de otros organismos, como Human Rights Watch, Amnistía Internacional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el autónomo Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile. "Todos los informes que han dado los distintos organismos son lapidarios. Un cuarto informe en contra del actuar de Carabineros (policía) está demás. Todos sabemos cómo han actuado'', declaró el obrero Nelson Iturriaga, de 43 años.Contó que fue herido en el sector donde se realizan las mayores protestas en Chile cuando los policías les tiraron bombas lacrimógenas, y "a otros los apalearon, y a mí me tocó la mala suerte de recibir un perdigón en el ojo''. Aún no sabe si recuperará la visión.El paramédico Albano Toro, de 40 años, explicó que su puesto fue tiroteado. "Lamentablemente uno de los disparos voló mi antiparra, mis lentes ópticos, produciéndome la pérdida completa de la vista de mi ojo izquierdo'', relató.

Ambos formaban parte de un puñado de personas que protestó ayer frente al palacio de gobierno contra el presidente Sebastián Piñera y el director nacional de la policía, Mario Rozas.

El uso de las escopetas con perdigones que han causado las lesiones oculares fue suspendido casi un mes después del arranque de las marchas, cuando el máximo jefe policial, general Mario Rozas, admitió diferencias entre un informe del fabricante de los perdigones y balines y uno de expertos de la Universidad de Chile: la policía afirmaba que los proyectiles eran de goma y los especialistas que los perdigones contienen un 20 por ciento de caucho y un 80 por ciento de sílice, sulfato de bario y plomo. "Preocupa en particular la utilización de perdigones que contienen plomo'', destacó el informe de la ONU. El documento de la oficina de Bachelet concluyó además que "un gran número'' de detenidos "fueron maltratados. Algunos de esos casos, incluidos los de violencia sexual, simulación de ejecuciones y amenazas de que las personas serían desaparecidas, equivalen a tortura. Muchos de estos casos ocurrieron en lugares sin cámara de vigilancia y con los perpetradores no debidamente identificados'' y mujeres, niñas y homosexuales "han sufrido formas específicas de violencia sexual''.