El ex presidente de Brasil Luiz Inácio Lula Da Silva estuvo a punto ayer de ser trasladado a una cárcel de San Pablo que aloja a asesinos, pedófilos y violadores, pero la mudanza fue suspendida a último momento por el mayoritario voto de los jueces que integran el máximo tribunal del país.
La mudanza de Lula, quien desde abril de 2018 cumple una condena de ocho años y 10 meses de prisión bajo cargos de corrupción en la sede de la Policía Federal de Cutiiba, había sido ordenada ayer temprano por la jueza de ejecución penal Carolina Lebbos.
Pero a última hora de la tarde, con el voto de nueve de sus 10 miembros, el Supremo Tribunal Federal (STF, corte suprema) de Brasil dejó la orden sin efecto hasta tanto se resuelva un pedido de hábeas corpus presentado por los abogados defensores del ex mandatario.
A la decisión del traslado tomada por Lebbos le siguió otra resolución del juez Paulo Sorci que estableció que Lula debería pasar a completar su condena en el complejo II del presidio de Tremembé, en el interior del estado de San Pablo, donde están algunos de los reclusos más mediáticos de Brasil por resonantes causas de pedofilia, violación o asesinato de niños.
El Complejo Penitenciario de Tremembé, a unos 150 kilómetros de la capital paulista, fue construido en 1948 y, desde 2002 aloja a presos que cometieron delitos con gran repercusión, de ahí que la prensa lo llame "cárcel de los famosos".
Las condiciones de ese complejo son mejores que en otros presidios públicos del estado San Pablo, informó la agencia EFE.
Las celdas varían entre ocho y 15 metros cuadrados y la comida, preparada por una treintena de reclusos, es de alta calidad y se reparte tanto a los presos como a trabajadores del complejo, según medios de comunicación brasileños.
La decisión de mudar a Lula se enmarca en el escándalo por las filtraciones de las conversaciones por chat que revelaron una articulación clandestina entre los fiscales de la operación Lava jato y el ex juez Sérgio Moro, actual ministro de Justicia, de quien depende la Policía Federal.
La decisión de Lebbos fue tomada pese a la oposición de la fiscalía y la defensa, a pedido de la Policía Federal, fuerza a cargo de Moro.
Lula, que al momento de la detención lideraba todas las encuestas con vistas a los comicios presidenciales que finalmente ganó Jair Bolsonaro, tiene su residencia en San Pablo, en el municipio de Sao Bernardo do Campo.
Por haber sido jefe del Estado, Lula puede reclamar estar en un cuartel militar o en un lugar específico de la Policía Federal, algo que está incluido en el fallo emitido por la magistrada pero que al parecer no fue tenido en cuenta.
Lula cumple una pena de prisión en el marco del caso Lava Jato, acusado de haber recibido un departamento de la constructora OAS en el balneario de Guarujá a cambio de favorecerla.
Sin embargo, filtraciones de conversaciones vedadas por ley entre Moro y el fiscal Deltan Dallagnol reveladas por el sitio The Intercept y el diario Folha de Sao Paulo habilitan la acusación de la existencia de maniobras para condenar a Lula, en la que admiten la falta de certezas de la acusación.
Lula sostiene que es un preso político y su defensa había pedido su liberación a la Corte Suprema, que aún debe juzgar un recurso para permitirle una prisión domicilaria.
La defensa del líder opositor pidió esperar a que el Supremo Tribunal Federal termine de juzgar un habeas corpus que pide anular la sentencia por imparcialidad de Moro cuando era el juez de la megaoperación.
El abogado Cristiano Zanin Martins dijo en un comunicado que la jueza Lebbos negó que Lula, en cuanto ex presidente, pueda cumplir pena en un predio militar o policial.
El habeas corpus para suspender el traslado apunta a la supuesta falta de imparcialidad de Moro cuando era juez y a la anulación de la condena confirmada en tres instancias.
Dos horas después del fallo de Lebos, el juez paulista Paulo Sorci falló que Lula debe ir al presidio de la ciudad de Tremembé, en el interior del estado de Sao Paulo, conocido por albergar allí a presos de homicidio de casos famosos. Le preparó una celda con baño y con un régimen para tener contacto con los presos comunes en el patio y en los comedores.
Causa
Un triplex en Guarujá. Ese fue el caso que llevó al ex presidente Luiz Inacio Lula da Silva a una cárcel de Curitiba, el 7 de abril de 2018, en el estado de Paraná, fronterizo con Misiones, en el sur de Brasil. Allí purga una condena de 8 años y 10 meses de cárcel por corrupción.
La Justicia citó a declarar a Lula por primera vez en enero de 2016 por supuestamente haber aceptado que la constructora OAS le reformase un departamento de lujo de tres pisos en Guarujá, en la costa de San Pablo, a cambio de favorecer a la empresa en sus negocios con la petrolera estatal Petrobras. Fue acusado formalmente en septiembre de 2016.
La vivienda de 297 metros cuadrados ubicado en el complejo Solaris está frente a playa Asturias, una de las más concurridas de Guarujá, una ciudad que en su momento supo ser el centro de recreo para la élite del estado de San Pablo. Algunos grandes nombres pasan tiempo en la ciudad, incluyendo el astro del fútbol Neymar.
decisión. A último momento, el voto de nueve de los diez miembros del Supremo Tribunal evitó el traslado de Lula.
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