El gobierno de Brasil se disculpó este lunes con las familias de las víctimas de la dictadura militar del país cuyos restos podrían estar entre los encontrados en una fosa común clandestina hace 35 años.
El gobierno todavía no identificó la mayoría de los restos encontrados en mil bolsas azules en un cementerio paulistano hace 35 años
El gobierno de Brasil se disculpó este lunes con las familias de las víctimas de la dictadura militar del país cuyos restos podrían estar entre los encontrados en una fosa común clandestina hace 35 años.
Decenas de familias aún esperan saber si sus padres, hijos, hermanos y amigos se encuentran en alguna de las más de 1.000 bolsas azules descubiertas en 1990 en una zanja de uno de los cementerios de São Paulo, en el distrito de Perus. Esta fue la primera de muchas fosas comunes descubiertas por las autoridades brasileñas tras el fin del régimen militar de 21 años en 1985.
La fosa clandestina del cementerio Dom Bosco también contenía restos de varias personas no identificadas, no vinculadas a la lucha contra la dictadura de Brasil.
La disculpa oficial forma parte de un acuerdo entre la fiscalía, los familiares y el Estado. Se llevó a cabo durante el Día del Derecho a la Verdad, que también se celebra en otros países.
El ministro de Derechos Humanos, Macaé Evaristo, afirmó que el Estado brasileño fue negligente en el proceso de identificación de las bolsas y huesos encontrados en Perus. Durante casi 25 años, los restos estuvieron en manos de tres universidades estatales y laboratorios fuera de Brasil, pero solo unas pocas familias lograron finalmente identificar a sus seres queridos.
Evaristo dijo que el gobierno de Brasil invirtió alrededor de 200.000 reales (unos 35.000 dólares) por año para la identificación de bolsos de Perus, pero admitió que no es suficiente para dar tranquilidad a las familias de las víctimas.
“Lo que el gobierno brasileño estuvo haciendo es continuar el proceso de investigación y rendición de cuentas. Debemos recordar que nuestro ministerio fue desmantelado”, dijo Evaristo, en referencia a la presidencia de Jair Bolsonaro. Y añadió: “Las familias tienen derecho a la verdad. La sociedad brasileña tiene derecho a la verdad”.
A la ceremonia asistieron familias que no estaban seguras de si los restos de sus seres queridos están en la fosa común de Perus.
Gilberto Molina, quien los representó, hizo que los restos de su hermano Flávio fueran finalmente identificados en una de las bolsas en 2005. El Estado brasileño solo reconoció su responsabilidad por el crimen en el tercer certificado de defunción de su hermano, a principios de 2019. “Fue un funeral de casi 50 años. Para otras familias, es aún más largo. Espero que todas las familias aquí presentes sigan perseverando en su búsqueda de justicia”, sostuvo Molina.
En 2014, la comisión de la verdad de Brasil anunció que al menos 434 personas fueron asesinadas durante la dictadura militar y hubo más de 100 desapariciones. La historia del exlegislador Rubens Paiva, retratada en la película ganadora del Oscar "Todavía estoy aquí", reavivó el interés público en los abusos de la dictadura, atrayendo a más de 6 millones de espectadores en Brasil.
Nilmário Miranda, exministro de gobierno y veterano activista de derechos humanos, afirmó que el descubrimiento de una fosa común con víctimas de la dictadura en 1990, tan solo unos años después de la redemocratización, fue un importante proyecto liderado por la entonces alcaldesa de São Paulo, Luiza Erundina. Ante las amenazas de muerte anónimas, encargó a funcionarios del Ayuntamiento la supervisión de las búsquedas.
“Todo estaba oculto en la sociedad, todo estaba oculto y no se podía hablar de ello. Eso puso en jaque el acuerdo que puso fin a la dictadura, el que libró a torturadores y verdugos”, dijo Miranda, en referencia a la ley de amnistía brasileña de 1979 que no castigó los crímenes de los militares durante el régimen.
Por Nicolás Maggi
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Por Pablo R. Procopio
