La Corte Suprema de Brasil decidió ayer prohibir la financiación de campañas electorales y partidos por parte de empresas, corazón del megaescándalo de corrupción en la estatal Petrobras que agita a la clase política del gigante sudamericano. La decisión de la Corte Suprema debe regir a partir de las elecciones municipales de 2016 y valdrá también para las presidenciales de 2018.
La mayoría de los jueces consideró "inconstitucional la contribución de personas jurídicas a las campañas electorales", resumió el presidente de la Corte, Ricardo Lewandowski, al cerrar el veredicto, aprobado por ocho jueces contra tres. "Es una de las decisiones más importantes de la historia reciente de la Suprema Corte" porque le quita influencia a las empresas en el proceso político, dijo Michael F. Mohallem, profesor de derecho de la Fundación Getulio Vargas de Río de Janeiro. "La empresa que dona millones para un partido gana un acceso privilegiado, gana proximidad y luego puede ayudar a influir en las decisiones sobre políticas públicas", afirmó el especialista.
En las elecciones presidenciales de 2014, más del 80 por ciento de las donaciones a los principales candidatos brasileños vinieron de empresas privadas, según datos de la justicia electoral recabados por el periódico O Globo. "Llegamos a un cuadro absolutamente caótico, en el que el poder económico captura de manera ilícita el poder político", aseguró el ministro encargado del caso, Luis Fux, al reafirmar su posición. Los demás jueces que acompañaron el fallo sostienen que las donaciones empresariales generan desigualdad entre los contendientes, incluso dentro de cada agrupación política.
¿De dónde saldrá el dinero? Brasil asiste actualmente a la mayor investigación judicial por corrupción en la historia del país sudamericano, que develó un esquema de sobornos y sobreprecios en la petrolera estatal Petrobras, en el que las mayores constructoras del país desviaron recursos hacia funcionarios públicos, intermediarios y partidos políticos para asegurarse millonarios contratos con la petrolera estatal. El caso, conocido como "Petrolao", ha puesto bajo la lupa las cuentas de campaña de la propia presidenta Dilma Rousseff, quien niega haber recibido recursos ilegales para ganar la reelección en diciembre pasado. Si la decisión de la Corte prevalece y las empresas no pueden donar ni un centavo más a los partidos políticos, ¿cómo se financiarán sus millonarias campañas? En primer lugar, "habrá una reducción de los recursos destinados a la propaganda política" y luego, necesariamente, una sustitución de las fuentes de dinero, opinó Mohallem. Actualmente, la ley permite a las empresas donar a partidos hasta el 2 por ciento de su facturación bruta del año anterior a los comicios. El resto de los recursos que reciben las agrupaciones políticas proviene de personas físicas y de un fondo electoral público. "Los partidos políticos deberán ser más creativos en la comunicación con los electores para obtener mayores recursos", consideró, sumando mayor cantidad de personas físicas como donantes e, incluso, adoptando modelos de recaudación colectiva como el crowdfunding, muy extendido en Estados Unidos y Australia.
Puerta abierta. La financiación de partidos políticos por parte de empresas ha generado una dura pulseada en el Congreso, donde ambas cámaras mantienen posiciones contrarias. Finalmente, los diputados dieron sanción definitiva a una nueva ley que entre otros aspectos mantiene las donaciones empresariales, pero establece para ellas un tope de 20 millones de reales (unos cinco millones de dólares).
Rousseff debe decidir ahora si veta o no esa legislación, después del pronunciamiento de la Suprema Corte. Y si la mandataria opta por vetar ese trecho de la ley, el Congreso todavía tiene otra posibilidad de mantener las donaciones: con una enmienda constitucional que coloque el financiamiento empresarial en la Carta Magna de Brasil.
Pero para echar a andar esta alternativa, los legisladores aún deben conocer si la Corte Suprema basó su decisión en las llamadas "cláusulas pétreas" de la Constitución, es decir, en artículos que no se pueden modificar. El máximo tribunal del país dará a conocer estos detalles la próxima semana.
Por eso, el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, pidió cautela. "Un día viene después del otro. Ahora vamos a esperar el contenido de la decisión, y después ver si el Senado decide someter a votación (la enmienda constitucional que autoriza las donaciones)", dijo Cunha, que defiende el financiamiento empresarial y es uno de los políticos denunciados por haber recibido recursos desviados del esquema de corrupción en Petrobras.
Por Nicolás Maggi