El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en forma conjunta con la Red Federal de Sitios de Memoria de la Nación, señalizó el Batallón de Arsenales 603 (ex-121) de Fray Luis Beltrán como sitio de la memoria, en el marco de la conmemoración del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. En el predio funcionó un centro clandestino de detención y así lo indica un cartel que se colocó en el frente del edificio.
“La señalización hace que las ciudadanas y ciudadanos tengan presente qué sucedió en este lugar”, señaló el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan Lewis, quien presidió el emotivo acto del cual también participaron la coordinadora de la Red Federal de Sitios de Memoria, Judit Said; la intendenta de Fray Luis Beltrán, Liliana Canut; sobrevivientes, familiares y organismos de derechos humanos, entre otros funcionarios provinciales, locales y del Poder Judicial.
“Esta señalización forma parte de una línea de trabajo dentro de las políticas de Memoria que se vienen implementando tanto dentro de la órbita provincial como nacional”, agregó Lewis.
Por su parte, el subsecretario de Derechos Humanos de la provincia, Ramón Verón, recordó la historia del cordón industrial y las luchas que allí protagonizaron los trabajadores. “Esta ruta era el pasaje obligado de todos los compañeros obreros que viajaban en bicicleta y pensaban en una patria para todos”, señaló Verón, quien también pasó por un centro clandestino de detención durante la dictadura cívico militar.
“Todavía estamos en deuda con el cordón industrial. Con respecto a los juicios y a encontrarnos todos los compañeros. Quizás algún día los compañeros de Puerto San Martín, San Lorenzo, Fray Luis Beltrán, Capitán Bermúdez, Granadero Baigorria, Villa Constitución y Campana podamos juntarnos en un acto único”, finalizó.
Por su parte Said, quien trabaja en la órbita del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, recordó el accionar de la represión en la zona y “cómo los dueños de las fábricas denunciaban a los delegados” que luego eran víctimas del terrorismo de Estado. “No podemos seguir pensando si tuvieron o no tuvieron que ver los gerentes o los directivos, cuando tenemos testimonios cabales de que ellos denunciaban a los trabajadores”, señaló la coordinadora de la Red Federal de Sitios de Memoria, para concluir que “el Poder Judicial viene trabando una serie de causas que se llevan adelante sobre la participación de los grupos económicos”.
La historia. “El predio, perteneciente al Ejército Argentino, fue utilizado como centro clandestino de detención en el marco del plan sistemático de exterminio ejecutado por la última dictadura cívico-militar. Según testimonios en ese predio permanecieron secuestrados y torturados mujeres y hombres perseguidos por su militancia política, social y sindical en el Cordón industrial”, recordaron desde la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia.
“El ex-Batallón 121 integró un circuito represivo junto con centros clandestinos del Gran Rosario como La Calamita (Granadero Baigorria), la Intermedia (La Ribera) y Quinta de Funes, entre otros sitios dependientes del Comando del Segundo Cuerpo de Ejército, responsable de la represión ilegal en Santa Fe y el noreste argentino”, agregaron las autoridades.
La mujer imputada se habría valido de su condición de cuidadora de la víctima para facilitar la sustracción de unos 20 mil dólares, joyas y otros objetos
Por Hernán Cabrera
Por Lucas Ameriso