Una cuestión de principios, una cuestión de confianza

La universidad pública (y gratuita) en la Argentina es una de las instituciones más democratizadoras de nuestro sistema político y cultural. Esta afirmación, que tiene pinta de panfleto defensivo, es una realidad que conocen muy bien aquellos que sistemáticamente la degradan y la agreden.

Es, también, un hecho demostrable para cualquiera que haya pasado por ella. Pero para los que (habiendo o no pasado por ella), están de la vereda de enfrente de cualquier tipo de democratización, es un diagnóstico. La educación y la investigación universitarias son unos de los recursos intangibles más valiosos que están en disputa en estos momentos.

La idea de que estamos luchando por ello no es falsa. Se pelea de los dos lados. Del lado de los investigadores, docentes y estudiantes, los mecanismos son conocidos y visibles. Pero del lado de quienes quieren derrotarlos, no. Las maneras son sutiles, complejas, y están respaldadas por un fortísimo aparato de propaganda.

Doy un solo ejemplo, que permitirá identificar el tipo de estrategia que utilizan.

Los que quieren destruir nuestro sistema universitario trabajan afanosamente en instalar, como si fuera de sentido común, la idea de que "el que pueda", "el cursante crónico" o "el extranjero" paguen. Buscan la guardia baja. Buscan una hendija por donde colar el arancel. Y lo buscan porque conocen cómo sigue la película, ya que la han estrenado completa en países de todo el mundo, sobre todo en nuestra querida Patria Grande. Chilenos, brasileños, peruanos y colombianos pueden contarnos con todo detalle por qué eligen venir a estudiar a nuestro país —otro enorme valor agregado de este momento, ya que su presencia nos enriquece culturalmente—.

La educación pública argentina es de calidad en todos sus niveles en general. Pero lo que más molesta al proyecto neoliberal que ha encarado decisivamente la destrucción de, repito, todo el sistema de investigación y educación superior público y gratuito en nuestro país, no es su contenido académico, sino su capacidad de brindar herramientas a quienes en un régimen de desigualdad educativa no podrían adquirirlas.

La universidad pública y gratuita transforma el horizonte de expectativas de aquellos a quienes el establishment sólo quiere como mano de obra disponible, atontada y amedrentada. Estudiar en el nivel superior no sólo quita disponibilidad, soncera y miedo: brinda elementos para superarse individual y socialmente. No se trata nada más de salidas individuales: se trata de proyectos colectivos.

Esta convicción, decía al inicio, la comparten los actuales ministros y sus jefes del poder fáctico. Piensan lo mismo que nosotros. Es decir: no se equivocan. Saben lo que hacen. De la misma manera que saben que han vaciado moralmente Comodoro Py o el Palacio de Justicia, saben que la universidad es prestigio y potencia.

Que tienen la información está refrendado por fuentes que les pertenecen. Hace menos de un año, Management & Fit publicó una encuesta de calidad institucional. Entre los resultados que recogieron, uno dice que sólo un 2,3 por ciento de la población argentina tiene mucha confianza en la justicia (mientras que casi el 76 por ciento poca o nada). En cambio, la institución que más confianza genera en la población, en la misma medición, es la universidad pública, con un 71,5 por ciento. Otra cosa que les gusta medir a los que quieren destruir nuestro sistema universitario y de investigación científica son las "marcas". También en la misma medición, entre las tres marcas más reconocidas por los argentinos, había una universidad pública, la UBA.

Esa encuesta, dicen sus productores, tiene un margen de error del /- 4 por ciento. La publicaron Clarín, Perfil y La Nación.

Cuando dicen que el cuadro es bueno, es porque tienen su tasación en la mano. Y este cuadro, justo este, es la joya de la abuela.

(*) Director del Centro de Estudios de Historia Social de la Justicia y el Gobierno (Cehiso, UNR); investigador del Conicet.