"No se debe culpar solo a los docentes de las deficiencias básicas de los sistemas", expresó la directora general de la Unesco, Irina Bokova tras la presentación del Informe de Seguimiento de la Educación en el Mundo 2017/2018, realizada a principio de esta semana en París. El documento destaca que incumbe "a los gobiernos la responsabilidad de garantizar una educación universal de calidad y que deben rendir cuentas para alcanzar este objetivo". También que puede tener efectos negativos graves, como el aumento de las desigualdades y deterioros en los aprendizajes, el hecho de imputar a determinados responsables de los sistemas educativos los problemas de fondo que éstos adolecen. Además de señalar que la no responsabilidad ante la falta de equidad se traduce en datos alarmantes: menos de un 20 por ciento de los países garantiza en sus legislaciones 12 años de enseñanza obligatoria y gratuita, cuando hay todavía en el mundo 264 millones de niños y adolescentes sin escolarizar y unos 100 millones de jóvenes analfabetos.
"Los gobiernos, las escuelas, los docentes, los padres de alumnos y los organismos privados son todos ellos responsables de la educación. Rendir cuentas de esa responsabilidad atañe tanto a la forma en que los docentes enseñan y los alumnos aprenden como al modo de actuar de los gobiernos. Además, esa responsabilidad debe delimitarse cuidadosamente teniendo bien presentes los criterios esenciales de equidad, inclusión y calidad", declaró Bokova.
El Informe recalca que es injusto y contraproducente culpar a los docentes de las fallas de los sistemas educativos. También que no se puede imputar a una sola categoría de personas la responsabilidad de resultados insatisfactorios que dependen de la acción de otros individuos y factores. El director del Informe, Manos Antoninis, dijo al respecto: "Si uno se basa en los resultados escolares de los alumnos para sancionar a las escuelas y los docentes, se corre el riesgo de que éstos modifiquen su comportamiento para protegerse contra las sanciones y esto puede conducir a que se deje de lado a los alumnos más rezagados. Los gobiernos son los primeros responsables de la buena marcha de los sistemas educativos. Si se precipitan en echar la culpa a otros, lo que hacen es desviar la atención de su obligación de dotar a esos sistemas con estructuras sólidas y solidarias".
La transparencia contribuiría a determinar cuáles son los problemas de los sistemas educativos, pero sólo un gobierno de cada seis publica informes anuales de seguimiento de la educación. Para exigir a los gobiernos rendiciones de cuentas sobre la educación es preciso que intervengan organismos independientes como oficinas de defensores del pueblo, parlamentos y organismos de auditoría.
Responsabilidad compartida
Cita como ejemplos de la necesidad de este seguimiento que a menudo, las reglamentaciones gubernamentales van a la zaga del rápido crecimiento de las escuelas y universidades privadas. En Kenya y Uganda hay escuelas privadas que, antes de haber sido acreditadas, se ponen en funcionamiento con infraestructuras inadecuadas y docentes sin calificación profesional suficiente, lo que obliga a los tribunales a decretar su cierre.
En los países donde se dan carencias en los mecanismos oficiales, la ciudadanía desempeña un papel esencial para exigir a los gobiernos que hagan efectivo el derecho a la educación. En Colombia, una campaña de la sociedad civil logró llevar a las autoridades gubernamentales ante los tribunales, consiguiendo así el establecimiento de la educación gratuita.
El Informe destaca también cuán importante es exigir responsabilidades para remediar las desigualdades y la falta de equidad. Menos de un 20 por ciento de los países garantiza en sus legislaciones 12 años de enseñanza obligatoria y gratuita, cuando hay todavía en el mundo 264 millones de niños y adolescentes sin escolarizar y unos 100 millones de jóvenes analfabetos.
El documento señala que ningún método de rendición de cuentas dará buenos resultados sin la existencia de un sólido entorno que proporcione a los protagonistas de los sistemas educativos la capacidad, la información y los recursos necesarios para cumplir con sus responsabilidades. Y se hace un llamamiento a los gobiernos para: 1) Concebir mecanismos de rendición de cuentas estimulantes para las escuelas y evitar los sistemas de sanciones, especialmente los basados en mediciones restringidas del rendimiento. 2) Permitir la participación democrática, respetar la libertad de análisis de los medios informativos sobre las temas de educación y establecer organismos independientes para examinar las reclamaciones y quejas. 3) Elaborar reglamentaciones fiables y eficaces para todos los centros docentes públicos y privados. Esas reglamentaciones deben comprender sanciones para garantizar la no discriminación y la calidad de la educación. Y 4) Hacer que el derecho a la educación sea exigible judicialmente, cosa que no ocurre en el 45 por ciento de los países.
El informe completo puede leerse en unesco.org.ar
