Infancias desamparadas: el derecho a jugar y aprender, en riesgo

En el año 2002, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) instituyó el 12 de junio como Día de Lucha Contra el Trabajo Infantil para alertar sobre la grave situación que atraviesan millones de niñas, niños y adolescentes, y desarrollar medidas para erradicar su explotación laboral.

Se entiende por trabajo infantil a todas aquellas actividades laborales que privan a las niñas y los niños de celebrar su infancia, que afectan su salud, y que son perjudiciales para su crecimiento, su desarrollo y sus aprendizajes. Unicef estima que unos 150 millones de niñas y niños de entre 5 y 14 años —es decir, 1 de cada 6— son víctimas de esta realidad. Se comprende que la crisis económica y laboral, producto de la pandemia del coronavirus, ha impactado en los medios de subsistencia de las familias y ha empujado a muchas niñas y muchos niños vulnerables al trabajo infantil.

Desde hace décadas las infancias y adolescencias son sujetos de derecho. Así lo establecen diferentes marcos legales internacionales y nacionales. Desde luego, el trabajo infantil pone en riesgo todos esos derechos, afectando fundamentalmente el derecho a la educación, al juego y al tiempo libre, imprescindibles para promover su desarrollo, su crecimiento y sus aprendizajes.

El juego es la actividad principal de la infancia y es su modo de participar en la cultura. La actividad lúdica es fundamental en el desarrollo subjetivo, psicomotor, lingüístico, cognitivo, social y cultural de las niñas y los niños. El tiempo libre es necesario para que puedan realizar actividades recreativas y culturales que promuevan la creatividad, el esparcimiento y el descanso, mientras que la educación se presenta como la herramienta de transformación más valiosa para construir equidad. Porque sabemos que existe un fuerte vínculo entre la pobreza de los hogares y el trabajo infantil, y que estas injustas circunstancias perpetúan la pobreza durante generaciones, dejando a las hijas y los hijos de las familias más vulnerables por fuera de la escuela y limitando sus posibilidades de acceder a la educación, la formación en oficios o profesiones y el derecho a contar con un trabajo digno en el futuro.

En este sentido, es fundamental que los Estados y los gobiernos desarrollen políticas públicas para el cuidado para las infancias, las adolescencias y sus familias, como así también se sancione a los empresarios, empleadores y productores que no respetan las normativas vigentes y ponen en riesgo los derechos de las niñas, los niños y adolescentes. Pero, además, es necesario que toda la comunidad se sienta implicada en esta tarea. Porque, tal como lo expresara la maravillosa escritora Graciela Montes, las personas adultas somos responsables del bienestar y del malestar de las infancias. Porque somos los grandes los que tomamos decisiones y quienes toman decisiones son siempre responsables. Ojalá que siempre optemos por cuidar a las niñas y a los niños. Porque somos garantes de los derechos de la niñez.