Comenzó ayer en Rosario el segundo juicio oral por delitos de lesa humanidad contra genocidas
que actuaron en la última dictadura militar en el sur de la provincia. Se trata de la llamada causa
Díaz Bessone, que investiga los crímenes cometidos en el principal centro clandestino de
detenciones de la ciudad: el ex Servicio de Informaciones (SI) de la Jefatura de Policía, por donde
pasaron entre 1.800 y 2.000 detenidos desaparecidos.
La primera audiencia, que se realizó en los Tribunales Federales de
Oroño al 900 y consistió en la lectura del requerimiento fiscal de elevación a juicio, movilizó a
unas mil personas frente a la sede judicial, donde se montó un escenario para seguir las
alternativas del juicio, informar sobre su importancia histórica y —sobre todo—
festejar que seis represores comiencen a responder por sus crímenes, exigiendo las máximas condenas
para todos ellos (cadena perpetua en cárceles comunes).
Organismos de derechos humanos, organizaciones sociales, de trabajadores
y estudiantiles y partidos políticos de izquierda acompañaron desde temprano a víctimas,
sobrevivientes, testigos y querellantes. El aguante —un verdadero festival de banderas,
cánticos y compromiso militante— duró toda la jornada.
Jornada histórica. “Es un día histórico para Rosario y la región” porque
“después de 36 años hay un reconocimiento a la institucionalización de una demanda muy
importante, que fue echar luz sobre la verdad y que se haga justicia con quienes participaron del
genocidio iniciado en 1976”, dijo Eduardo Seminara, testigo y querellante.
Tras el final de la audiencia, el Espacio Juicio y Castigo (integrado
por testigos, víctimas y organismos de derechos humanos) realizó una bicicleteada por aquellos
sitios, cercanos a Tribunales, donde fueron secuestradas algunas víctimas del terrorismo de Estado.
En esta parte de la causa que se elevó a juicio oral, los acusados son
Ramón Genaro Díaz Bessone (ex comandante del II Cuerpo de Ejército), los ex policías José Rubén Lo
Fiego, Mario Alfredo Marcote, Ramón Rito Vergara y José Carlos Scortechini y el civil Ricardo
Miguel Chomicky. Estos cinco integraron el grupo de tareas represivo que comandó el fallecido ex
jefe de policía Agustín Feced.
El expediente original, iniciado en 1984, poseía varios imputados más,
muchos ya fallecieron y algunos prófugos.
Los seis acusados están procesados por asociación ilícita, privación
ilegítima de la libertad, homicidio y tormentos en diferentes casos ocurridos durante 1976 en el
SI, que se situaba en San Lorenzo y Dorrego.
La causa, cuya primera audiencia comenzó ayer, tiene 91 víctimas de
delitos de lesa humanidad y unos 160 testigos, por lo que se estima que su trámite demandará todo
el año.
El Tribunal Oral Federal 2, que lleva adelante el juicio, está integrado
por los jueces Otmar Paulucci, Beatriz Caballero de Barabani y Jorge Venegas Echagüe, mientras que
el equipo fiscal está conformado por Gonzalo Stara, Mabel Colalongo y Mario Gambacorta.
En libertad. Salvo Díaz Bessone, con prisión domiciliaria por otro caso, el resto de los
procesados está en libertad por decisión de la Sala II de la Cámara de Casación Penal, hecho que
fue repudiado por el Espacio Juicio y Castigo de Rosario.
Eduardo Seminara dijo que esperaron mucho este día, “en el que
podemos decir nuestra parte de la verdad y recordar a todos los compañeros que no tuvieron la
posibilidad de defenderse en ningún lado”.
Alfredo Vivono, sobreviviente y querellante, coincidió en que se trata
de “un día histórico” porque “estamos juzgando a quienes operaron en el centro
clandestino más importante del II Cuerpo, por la cantidad de compañeros que pasaron por
allí”.
A la vez, repudió que “los procesados enfrenten este juicio en
libertad”, y agregó: “Hacemos responsables a los integrantes del jurado por cualquier
cosa que ocurra con los testigos”.
En el mismo sentido se manifestó Marta Bertolino, sobreviviente y
testigo, quien dijo que “la sociedad rosarina no puede convivir en la calle con personas que,
si llegaron a este procesamiento, es porque hay pruebas que acreditan casi con certeza su
culpabilidad”.
Parte del gobierno. La primera audiencia contó con las presencias de la vicegobernadora Griselda
Tessio y el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la provincia, Héctor Superti, junto a la
secretaria del área, Rosa Acosta, y el titular del Programa de Acompañamiento y Protección de
Testigos y Querellantes, Oscar Blando.
“Para nosotros es un hecho importante el comienzo de este nuevo
juicio porque así se ratifica que la memoria va a vencer al olvido y la justicia a la
impunidad”, dijo Superti.
Elida Dehesa, una de las testigos fundamentales de la causa, resaltó (y
en esto coincidieron todos los oradores en el acto de ayer) que sin la participación y el trabajo
incansable de los organismos de derechos humanos no se hubiese llegado a sentar a los genocidas en
el banquillo. No obstante, reflexionó: “Ninguna condena podrá reparar el daño que estas
personas hicieron”. l
