Al menos una veintena de sanlorencinos sufrieron un tremento susto cuando recibieron intimaciones por deudas inexistentes, por miles de pesos, con una tarjeta de crédito que en la mayoría de los casos no tienen ni jamás tuvieron. A través de cartas y mensajes de texto remitidos supuestamente por una agencia de cobranzas de Buenos Aires, las víctimas fueron amenazadas con ser embargadas si no demostraban voluntad de pago. Varios damnificados ya radicaron denuncias policiales y judiciales para que se investigue lo que sería una metodología engañosa y hasta extorsiva.
"En total recibí a unas veinte personas que vinieron muy preocupadas por estas intimaciones a través de mensajes de texto y cartas simples: ninguna había recibido una carta documento, que es la única forma de intimación fehaciente, y es cuando la gente debe prestarle atención. De todas maneras les sugerí que fueran a realizar la denuncia correspondiente porque se trata en todo caso de formas de apriete, antes que notificaciones", advirtió Marcelo Remondino, defensor del consumidor ad honorem en San Lorenzo.
La policía recepcionó las primeras tres denuncias y luego remitió las actuaciones a la Fiscalía de San Lorenzo, que continúa con la investigación. La jefa del área judicial de la fuerza, María Laura Pérez, contó a La Capital que las intimaciones proceden de una supuesta empresa de servicios de cobranza "que les reclama a los vecinos el pago de sumas que rondan entre los 15 mil y los 35 mil pesos, correspondientes a deudas —según argumentan los avisos— generadas por compras realizadas con la tarjeta de crédito Naranja. Lo llamativo es que les indican que si pagan a través de determinado servicio de cobros una cuota voluntaria de aproximadamente mil pesos, la deuda caducará, lo cual es inverosímil", consideró.
La funcionaria indicó que los intimados recibieron cartas simples, en las que se indica un número de cliente que coincide con el DNI de las víctimas, a las que también se las conminó a través de mensajes de texto a pagar en forma "urgente", advirtiendo que "su Municipalidad junto con el Poder Judicial actuarán de oficio por su deuda financiera incautando bienes del domicilio".
Incluso en al menos uno de los casos denunciados se notifica, con fecha fijada curiosamente para un domingo, que "se presentará Oficial de Justicia en domicilio a relevar los bienes a embargo-subasta", lo cual jamás ocurrió. En los mensajes se indica además un número telefónico de Buenos Aires, que efectivamente corresponde al área de gestión legal de una empresa de cobranzas, aunque será la Justicia la que determinará si es la responsable o no del envío de estas intimaciones.
Miedo. "Las víctimas que se presentaron aquí tienen 69, 53 y 42 años. Manifiestan que no tienen ni nunca tuvieron Tarjeta Naranja, por lo que aseguran que es imposible que hayan generado esas deudas. Es gente trabajadora y tiene miedo porque también hay un caso de un vecino al que amenazaron con embargarle el sueldo", comentó la subcomisaria Pérez.
En las cartas recibidas en San Lorenzo y denunciadas a la policía, los cobradores se identifican como la empresa "Recsa" y presentan el servicio "Pagueya.com", que ofrece facilidades de pago para cancelar deudas. Irónicamente, el plan que invocan para estos casos se llama "Carnaval". En la web y redes sociales hay innumerables quejas y denuncias de usuarios de distintos servicios, principalmente de telefonía celular y fija, que invocan el nombre de esa firma como la responsable de intentar cobrarles deudas inexistentes o ya saldadas.
"Acá lo que falla es la falta de presencia a través de un control serio del Estado. Por el otro lado, la gente se queja pero no hace los reclamos correspondientes, no se compromete. Incluso, entre las víctimas que vinieron a consultarme había una persona que, aún no teniendo deudas, antes que reclamar prefería ir y pagar para no tener problemas ¿Hasta dónde hemos llegado?", remató Remondino.
Vialidad pidió la censantía de personal infiel
El administrador de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), Omar Saab, solicitó al gobernador Antonio Bonfatti que "disponga la cesantía" para dos empleados de la delegación Reconquista de esa repartición por hallarse incursos en "negligencia en el cumplimiento de sus funciones" e "incumplimiento de los deberes establecidos en el convenio colectivo de trabajo" de la dependencia.
Asimismo el funcionario pidió el apercibimiento para una empleada, por inobservancia del deber contemplado en el artículo 24 del mismo convenio.
Las sanciones se relacionan con el sonado caso denunciado en abril por el que tres empleados infieles fueron imputados por una defraudación a la DPV por 290 mil pesos. lo que además llevó a Saab a intervenir esa dependencia del norte provincial.
Los empleados sancionados por la DPV son Osvaldo Sánchez, ex jefe de la Zona Reconquista del organismo vial provincial, y Delfino Scarel, un empleado de planta. Sore ellos recayeron además, en los primeros días de julio, las imputaciones penales formuladas por el fiscal del Ministerio Público de la Acusación que los acusa por una defraudación a la administración pública. Al mismo tiempo, se impuso un apercibimiento para Romina Aldana González por inobservancia del deber contemplado en el artículo 24 del convenio colectivo de Trabajo.
Coacción. Cabe recordar que tras una intensa y pormenorizada investigación llevada adelante por el fiscal Rubén Martínez,en el plano penal, también estuvo imputado por graves delitos contra la administración pública un delegado gremial, Aldo Mian. El sindicalista fue acusado de "encubrimiento de fraude en perjuicio de la administración pública" y de "coacción" contra Delfino Ruiz Díaz, padre de Javier Ruiz Díaz, el empleado que desató la investigación al denunciar la falsificación de su firma.
La defraudación fue detectada gracias a la denuncia efectuada el pasado 6 de abril por Ruiz Diaz, a quien le falsificaron la firma en la compra de unos 1.300 litros de gasoil en vales fechados en el mes de marzo.
Algunos detalles llamativos de la investigación que se llevó a cabo en la delegación Reconquista de la DPV son que una estación de servicios de la línea Esso ganó todas las licitaciones para proveer de combustible a la dependencia desde 2007 a la fecha de la denuncia.
También trascendió que en los vales utilizados figuraban cargas para vehículos y maquinaria que ni siquiera estaban en uso. Por otra parte se detectaron órdenes de compra de nafta por cantidades que no se condicen con la demanda de la dependencia, que mayormente cuenta con vehículos Diesel.
