Transformaciones de las políticas educativas en 30 años de democracia

Aunque a veces parezca difícil reconocerlo, la política desarrollada hacia el sistema educativo ha ido fluctuando considerablemente en los últimos 30 años.

El panorama educativo de la apertura democrática mostró un estado desolador en todo el país en el que se puso de manifiesto la brutal interrupción que había significado la dictadura, desbaratando las experiencias alternativas, la producción pedagógica teórico-conceptual, el registro de la información del sistema y las revisiones ya iniciadas de los elementos tradicionales que era necesario reformar.

La intervención dictatorial había plasmado notoriamente la intención de interrumpir las funciones interventoras y reguladoras por parte del estado y para ello la Iglesia católica proveyó de caudal ideológico a la dictadura.

Posicionamiento. Así se posicionó frente a ese modelo de funcionamiento estatal y educativo que se había empezado a desarrollar en la segunda mitad del siglo XIX, se había desplegado al promediar el siglo XX y que hacia 1950 ya presentaba signos de insuficiencia, crisis y necesidad de renovación. Fundamentalmente, puso en cuestión la potente articulación de los ejes centrales que habían organizado el sistema educacional argentino, esto es, limitó fuertemente la primacía del Estado central, su carácter laico, la decisión ideológica de que la escolarización fuera una "cuestión de Estado" en lugar de una cuestión de los individuos, la cobertura nacional (transfiriendo los servicios educativos a las provincias), y un lugar secundario otorgado a la iniciativa privada. Como resultado de esas decisiones la educación dejó de ser una razón de Estado para pasar a ser una razón individual, cuestionando la intervención estatal y haciendo prevalecer a los particulares.

Frente a este panorama, el gobierno de Raúl Alfonsín procuró restablecer el sistema educativo que gozaba de prestigio en la memoria social de los argentinos y que había sido sumamente eficaz para sectores medios. En buena medida, la política educativa de esos años buscó recuperar el sistema educativo preexistente, ampliando su cobertura y generando mecanismos para la participación de la "comunidad educativa" dentro de las instituciones. Una buena parte de los esfuerzos educacionales se concentraron en este sector, reabriendo carreras, sosteniendo la gratuidad y el ingreso irrestricto como política de democratización, a la par de la normalización de los mecanismos de representación.

Reestructuración. La situación de profunda crisis económica y política en la que finalizó el gobierno de Alfonsín, le permitió al gobierno entrante plantear que la recuperación institucional ya no podía conducirse a través de la deliberación política sino a través de una sustantiva reestructuración económica. Esta decisión influyó en todas las políticas desarrolladas por el gobierno de Menem. Como resultado de este nuevo imaginario, el rol del Estado fue —en buena medida— legislar para remover los restos de sus funciones intervencionistas y replegarse a las funciones más ligadas a la administración y a la gestión entendida en términos "técnicos".

Ese gobierno generó una modificación sustantiva del sistema educativo con el que se contaba y ello se vio expresado en tres leyes que transformaron la organización educativa conocida: la ley de transferencia (1992), la federal de educación (1993) y la de educación superior (1995). A través de ellas se desconcentraba el sistema educativo nacional, que pasaba a depender de las jurisdicciones. Si bien se había comenzado esta tendencia en décadas previas, se realizó en ese momento de manera más generalizada y se terminó de configurar un escenario donde el Ministerio de Educación de la Nación dejaba de tener injerencia directa sobre las escuelas. También operaba en ellos la transformación conceptual que modificaba el propósito de la igualdad educativa por el de equidad, convalidaba la gestión privada de las escuelas (incluso dejaba abierta la puerta al arancelamiento de estudios superiores) en pie de igualdad con las de gestión pública y gratuita y se abría paso al desdibujamiento del Estado como principal garante y supervisor del servicio educativo, incluyendo la participación de otros actores institucionales y comunitarios.

Una retórica de "modernización" sin Estado sobre el trasfondo de empobrecimiento brutal y la precarización de todos los aspectos de la vida, estableció una brecha catastrófica en el que algunas generaciones perdieron posibilidades de vida muy difíciles de recuperar.

El gobierno de De la Rúa no realizó modificaciones sustantivas en los aspectos políticos estructurales y normativos del sistema educativo. Otro lugar comenzó a ser desplegado para el Estado a partir de 2003 por parte de Néstor Kirchner en el medio del estropicio que había dejado como resultado la transición entre el siglo XX y el XXI. La gestión educacional de esos años se enfrentó con la necesidad de hacer mucho con pocos recursos, pues se le habían ido quitando casi todos los instrumentos de acción y de orientación más directa. El año 2006 fue un momento decisivo, en el que un nuevo modo de vincular el Estado con la política educativa se expresó en dos nuevas leyes: la de financiamiento educativo y una nueva ley nacional de educación que reemplazara a la ley federal de 1993.

La primera de ellas regeneró el vinculo entre el Estado nacional y las provincias para atender y crecer en el financiamiento educativo y cumplir el propósito del 6 por ciento de PBI para educación, propósito que se planteaba ya en ley federal de educación, pero que recién se cumplió en el año 2010. La ley nacional de educación cumplió con un interés muy extendido de reemplazar a la ley federal e introdujo un elemento crucial para la democratización educacional: la obligatoriedad del nivel secundario y el compromiso del Estado para esa universalización. A su vez, el gobierno de Néstor y Cristina Kirchner repusieron la idea-fuerza de la igualdad impulsada por distintas políticas sociales: la Asignación Universal por Hijo y la distribución masiva de netbooks fueron —entre otras— políticas masivas que tienen un impacto significativo en el acompañamiento de la universalización de la escuela.

El lugar del Estado. La restitución del lugar del Estado ha sido sin dudas una marca del período de gobierno que se desarrolla desde 2003. Se trata, además de un Estado activo, que se revisa a sí mismo, que puede ver en su intervención y regulación un modo de equilibrar las desigualdades y responder a los desamparos. Una de las cosas que dejó como resultado la etapa final del siglo XX ha sido también la dispersión y pluralizacion de agentes educadores, el reforzamiento de algunos actores clásicos como la Iglesia Católica, la implicación de organizaciones civiles en el desarrollo de iniciativas escolares, el surgimiento de otros actores vinculados a otras congregaciones religiosas, propuestas innovadoras desarrolladas por movimientos de trabajadores y desocupados (de los que la escuela tradicional tendrá mucho que aprender), etcétera.

Los últimos 30 años de democracia que la escuela también celebra no son un aniversario más. Durante treinta años se ha recorrido un camino sinuoso con muchos aprendizajes y que obliga a dejar de lado las opciones fáciles de restituir presuntos pasados gloriosos y pensar con audacia en el futuro que se quiere legar a las nuevas generaciones.

(*)También es docente e investigadora en Flacso, la Universidad Nacional de La Plata y el Conicet.