A ocho días del más controversial debate registrado en los últimos años en el Concejo, los interrogantes continúan abiertos: la vicepresidenta 1ª del cuerpo, Norma López (FpV), completó ayer las firmas necesarias para darle forma al mensaje que incluye los proyectos que apuntan a paliar las consecuencias de la inundación de diciembre pasado, que surgieron durante la sesión autoconvocada por la oposición, aunque al cierre de esta edición de La Capital el mismo no había ingresado al Palacio de los Leones. Apenas reciba los expedientes, la administración de Mónica Fein los remitirá a la Dirección de Asuntos Jurídicos, cuya observación final puede desembocar en un rechazo en función de desprolijidades en las que habrían incurrido los 13 ediles disidentes.
El mensaje del Concejo arribará hoy a la Intendencia. Pero, según advirtieron por los pasillos de la casona de Córdoba y 1º de Mayo, contiene un punto cuestionable: además de la firma de la máxima autoridad del cuerpo, ejercida por López frente a la ausencia del socialista Miguel Zamarini, los proyectos requieren para su validez las rúbricas del secretario Parlamentario (Marcelo Marchionatti) o, en segundo orden, de su par Administrativo (Sonia Colacelli).
Durante la polémica sesión extraordinaria, Marchionatti y Colacelli se retiraron del recinto explicando por nota que lo hacían al considerar que, para el tratamiento de los expedientes, se requería de una mayoría especial. Esto provocó la reacción de varios concejales opositores, que fueron por las cabezas de los secretarios.
Para el reglamento interno del Concejo, en caso de ausencia del secretario Parlamentario su par Administrativo está habilitado para firmar los expedientes. Aunque la normativa nada estipula frente a la posibilidad de un faltazo de ambos funcionarios.
Los ediles recurrieron entonces a la firma del secretario de la comisión de Obras Públicas, Roberto Ruiz. Una jugada que, según fuentes irrefutables consultadas por este diario, le abriría la puerta a una objeción del Ejecutivo. De hecho, advirtieron que los concejales opositores podrían haber impulsado la designación —temporaria— de ese funcionario en lugar de Marchionatti.
Una semana atrás, los vecinos de los barrios afectados por las inundaciones se habían apostado en las gradas del recinto de sesiones.
Invocando el inciso b del artículo 25 del reglamento interno, que motivó las diferentes interpretaciones que finalmente decidieron al oficialismo no bajar al recinto, Diego Giuliano y Osvaldo Miatello (Encuentro por Rosario), Alejandro Rosselló, Rodrigo López Molina, Laura Weskamp y María Julia Bonifacio (PRO), Roberto Sukerman (FpV), Alberto Cortés (PSA-Proyecto Sur), Héctor Cavallero y María Fernanda Gigliani (PPS) y los radicales María Eugenia Schmuck y Jorge Boasso votaron por unanimidad la resolución de la convocatoria.
Tras la moción para constituir el cuerpo en comisión, la oposición comenzó a debatir los expedientes vinculados a las inundaciones. Poco después, Marchionatti y Colacelli salieron del recinto.
Una vez aprobados los despachos, los ediles cerraron el debate en comisión y pasaron a votar, afirmativamente, las ordenanzas en forma nominal.
