Hay fuertes actores políticos operando detrás de las empresas multinacionales Uber y Cabify. Ambas aplicaciones móviles de transporte destinan millonarios recursos en todo el mundo no solo en publicidad, sino además en contratar estudios de abogados y lobistas con tremendas influencias políticas para facilitar profundos cambios en las normativas en busca de desregular la actividad. El ex diputado, ex ministro de la Nación y dirigente del radicalismo nacional Ricardo Gil Lavedra es el abogado en Argentina de la norteamericana Uber. Y Cabify no se queda atrás: contrató como lobista a la consultora Symfonía (creada en diciembre de 2019 por el ex ministro del Interior del macrismo Rogelio Frigerio y los ex diputados del PRO Emilio Monzó y Nicolás Massot -actual director del Banco Ciudad-) para que promuevan en ciudades del interior del país una nueva legislación que se adapte a las pretensiones de esta compañía de origen español. Así lo reconoció el propio Massot en declaraciones al sitio lapoliticaonline. Ambas multinacionales saben de la capacidad de influencia que tienen sus contratados en los poderes públicos. Nada nuevo: algunos influyentes y poderosos pretenden reescribir ordenanzas y leyes o crear nuevas para que les den luz verde a sus negocios.
Casualidad o no, una provincia gobernada por el mismo partido de Gil Lavedra fue el primer y único distrito del país que hasta ahora legalizó Uber. Se trata de Mendoza y la norma se aprobó el 31 de julio de 2018. Incluso Mendoza es el primer distrito en el mundo en regular la actividad antes incluso de que desembarque el servicio. Es que la estrategia de Uber hasta ahora ha sido instalarse de prepo en cada ciudad sin tener en cuenta la legislación y después intentar forzar su habilitación.
Es lo que viene haciendo en Rosario, pero hasta ahora sin éxito. La Intendencia y un grupo mayoritario de concejales, salvo los del macrismo, vienen resistiendo el desembarco de estas aplicaciones (incluso se alineó en esa posición la titular del Concejo, María Eugenia Schmuck, quien inicialmente fue una de las impulsoras de la legalización de Uber). De todos modos, actualmente hay en el Concejo un proyecto presentado por la edila del PRO Renata Ghilotti que propone regular el servicio de transporte privado de personas a través de aplicaciones, pero nada indica que la iniciativa tenga posibilidades de conseguir luz verde.
Por ahora las señales son totalmente contrarias. Incluso, el Concejo aprobó la semana pasada un aumento en el monto de las multas al transporte ilegal llevándolas hasta 170 mil pesos. Ante esto Uber lanzó una agresiva campaña: contrató al conductor de TV Horacio Cabak (que en las redes mantiene un perfil antiperonista virulento y de agitación permanente) para que lance mensajes en las redes en favor de Uber y en contra de la Intendencia y el Concejo local. Y la plataforma también envió un mail a sus usuarios para que usen el hashtag #QuieroUberEnRosario en busca de respaldo popular. Pero el llamado no tuvo la repercusión esperada por la multinacional: solo 48 perfiles postearon sobre el tema.
https://twitter.com/HoracioCabak/status/1384181472278417426
En el caso de Cabify fue el propio Massot quien admitió ante el portal lapoliticaonline estar trabajando para esa compañía. “Nosotros no hacemos lobby, ofrecemos un servicio de estrategia corporativa. Ayudamos a las empresas a pensar abordajes para los desafíos que enfrentan. En este caso nos vinieron a ver todas las aplicaciones y solo aceptamos trabajar con Cabify porque es la única que opera dentro del marco legal”.
Esa es una verdad a medias. La empresa, al igual que Uber, se presenta como aplicación cuando en rigor es una compañía multinacional de transporte que usa la tecnología para ofrecer el servicio. Pero a diferencia de Uber adopta otra estrategia para entrar en los mercados: ingresa de manera legal, aunque lo usa solo como un disfraz, como una ventana para desembarcar y después en los hechos se aprovecha de algunas lagunas legales que generan zonas grises y presiona para cambiar las normas (“es evidente que actualmente no solo despacha remises, sino autos particulares”, aseguran los taxistas).
Así se viene comportando desde 2016 cuando desembarcó en Rosario durante la Intendencia de Mónica Fein. Arrancó como agencia de remises con un mínimo de unidades. Pero al poco tiempo fue denunciada por concejales de la oposición porque despachaba viajes de taxis, algo que está prohibido por ordenanza para evitar la monopolización del servicio de transporte. A principios de 2019 Cabify absorbe la aplicación Easytaxi y comienza a funcionar abiertamente desde una misma aplicación con ambos servicios (remises y taxis), siempre buscando los huecos por donde desnaturalizar las normas. Finalmente, a mediados de 2019 el municipio inhabilita definitivamente a Cabify por “reiterados incumplimientos de ordenanzas vigentes”. Sin embargo, la Justicia en febrero de 2020 le concede un recurso de amparo para volver a trabajar, bajo el cual funciona actualmente, porque fue "suspendida e inhabilitada sin ser previamente informada sobre los motivos". Un error formal demasiado básico por parte de los funcionarios de la gestión municipal anterior que sembró en su momento no pocas suspicacias.
Ahora, con el trío de lobistas contratado, Cabify vuelve a la carga para intentar imponer su modelo de negocios, que es el mismo que impulsa su competidor Uber: la desregulación del transporte entre privados. "Cabify opera como agencia de remises y se ajusta a la normativa, mientras las otras (aplicaciones) lo hacen en la informalidad. La percepción es que el avance de esta industria se lleva puesto a taxistas y remiseros, pero no es así, se puede trabajar para formalizar todo el sistema", señala Massot a lapoliticaonline.
El transporte público de Rosario no es de buena calidad. Los usuarios lo saben mejor que cualquiera y los problemas se arrastran desde hace largos años. Tanto el servicio de colectivos como el de taxi deberían mejorar, y mucho. Pero eso no habilita a que empresas multinacionales, con o sin abogados y lobistas influyentes, irrumpan con prepotencia en la ciudad sin respetar la normativa vigente. Con la bandera de la desregulación venden espejitos de colores (mejor servicio a menor tarifa, prometen), pero en los hechos terminaría siendo el tiro de gracia al ya golpeado sistema de transporte público de pasajeros de Rosario.
