Necio sería ignorar que dentro de los derechos humanos tan meneados como incumplidos, pero en vano enunciados políticamente, debería incluirse el pago correcto de las sumas que aseguren una retribución digna que supere la línea de pobreza nacional (aún a costa de desconocer elementales principios de solidaridad hacia el prójimo desvalido e inmerso sin merecerlo, bajo un régimen perverso). Los pasivos han aportado obligadamente durante su vida laboral las sumas exigidas para aspirar a un ocaso digno descansando saludablemente en sus últimos años de existencia. Pero sucesivos gobiernos insensibles echaron mano a los recursos reservados a su fin primordial, violando leyes jubilatorias específicas y permitiendo que el organismo de recaudación o Ansés se convierta en el banco financista para dar cuantiosos créditos a empresas privadas o pagar deudas del Estado, invertir en bonos nacionales eternos u otros diversos fines muy alejados del sistema jubilatorio legal. Pero lo más injusto y exasperante es que estos funcionarios de alto nivel que se declaran defensores de los derechos humanos omitan a los pasivos sepultándolos bajo la línea de pobreza o indigencia, condenándolos a la enfermedad o a la muerte que los silenciará ante las injusticias. Y así, como se aplica a los condenados a muerte el tiro de gracia para acortar la agonía, desde la misma Presidencia se aplica un veto inconstitucional al 82 por ciento aprobado por nuestros representantes. Por si fuera poco, se mienten los índices inflacionarios ya que todo aumenta descontroladamente, incluyendo medicinas prepagas, fármacos para atender la precaria salud y los alimentos básicos para subsistir: ¿dónde está la Suprema Corte de Justicia? En nuestra provincia por ejemplo, desde el año 1990 dejó también de cumplirse la ley 6.729 que rige la jubilación de ingeniería, pagándose menos de la mitad de lo que corresponde a sus aportantes, a los que la ley les aseguraba abonar: ocho veces lo aportado al jubilarse, y al no pagar lo establecido, se han acumulado unas reservas descomunales que se consideran "ganancias" (dentro de un régimen jubilatorio), que debieran distribuirse llevando los haberes mínimos a superar la línea de pobreza, antes de aniquilar a sus pasivos. Conclusión: ¿podremos alguna vez incluir un salario mínimo digno entre los derechos humanos de los que merecemos gozar y se nos ignora para engrosar reservas injustificables a costa nuestra?
