Delegados despedidos de Artes Gráficas Rioplatenses (AGR), dependiente del Grupo Clarín, acompañados por sus familias, mantuvieron la noche del viernes y la madrugada de ayer bloqueada la planta impresoras del diario Clarín, en el barrio porteño de Barracas, en demanda de sus reincorporaciones.
La medida, que impidió la normal distribución de los matutinos, fue levantada a las 4 de ayer y los delegados decidirán el lunes la forma en que seguirán reclamando.
El episodio generó fuerte polémica. La parte empresaria dijo que fue impulsado "por activistas gremiales y políticos", "piqueteros" y "militantes kirchneristas y del gremio de Hugo Moyano", y señaló que "la policía presente en el lugar no actuó". También aclaró que el diario Clarín "no mantiene conflicto gremial con su personal".
En el mismo sentido se expresó la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa), que calificó al hecho como "uno de los más graves atentados a la libertad de prensa que se hayan registrado recientemente en el país".
Por su parte, el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, pidió a la compañía que cumpla los fallos judiciales y consideró "un agravio al sentido común" que la empresa "diga que no hay problemas gremiales".
"Hace seis años que tienen problemas con los delegados sindicales, y la Justicia ha dispuesto la incorporación en primera y segunda instancia", recordó el ministro, y dijo que la cartera que encabeza ya sumarió y multó a AGR por no reincorporación de los echados.
"Hace seis años que estamos luchando por la libertad gremial que la empresa nos niega", se quejó Nicolás Rivero, despedido el 20 de diciembre pasado junto a cuatro integrantes de la comisión interna de AGR.
Voces de repudio. Varios diputados repudiaron ayer medida.
Adrián Pérez (Coalición Cívica) dijo que "aunque la causa de reclamo pueda ser justa", la Constitución "garantiza la libertad de expresión y de circulación", por lo que "no se puede dejar a un país sin diarios".
Por su parte, Silvana Giudici (UCR), titular de la comisión de Libertad de Expresión, dijo que el gobierno "promueve y acompaña con sus aliados políticos los bloqueos en vez de preservar el derecho constitucional de la libre circulación de ideas y la libertad de expresión".
Gustavo Ferrari (Peronismo Federal) acusó al gobierno de permitir "una política de absurda tolerancia ante el incumplimiento de la ley".
Patricia Bullrich (CC) afirmó que "los graves hechos de coacción son parte del plan kirchnerista para coartar y controlar los medios independientes".
Clarín, en un comunicado, recordó que "este es el tercer bloqueo a plantas impresoras en un mes, con el agravante de que hace 15 días un fallo de la Justicia prohibió expresamente impedir la libre circulación de diarios y revistas".