Dos buenas noticias: el jefe del gobierno de la ciudad de México vetó recientemente la ley de jóvenes del Distrito Federal, que había aprobado su Asamblea Legislativa y contemplaba el acceso al aborto y a la operación de cambio de sexo para niñas desde los 12 años, sin la necesidad del consentimiento de sus padres, fundamentados en “promover” los derechos fundamentales de los adolescentes, como el derecho a la recreación. A fines de junio, la Suprema Corte de Justicia de Mendoza rechazó el amparo para adherir a la “Guía técnica para la atención integral de abortos no punibles”, cuyo propósito era introducir en la legislación de esa provincia el aborto legal y libre. Recordemos que esta guía no solo permite y garantiza el crimen de un niño por nacer, sino que además le brinda impunidad al violador, al necesitar solamente una declaración jurada para la intervención quirúrgica. No es que México ni Mendoza sean retrógradas, con políticos que se oponen al cambio cultural de la época o con gobernantes de sacristías. Tenemos que entender que el aborto es otra forma de violencia contra la mujer y un signo de deshumanización de la sociedad. La mayoría de las mujeres abortan por presión social, violencia o maltrato psicológico: promover así el aborto no es ayudar a la mujer sino perpetuar la violencia hacia ella. La responsabilidad primordial del Estado es velar tanto por la salud de la mujer, como por la vida del producto de la concepción, alguien absolutamente inocente y que tiene los mismos derechos que su madre y su padre. Necesitamos reforzar la unión familiar, núcleo básico, para salvar la integridad de nuestros niños, niñas y adolescentes, conducirlos por el camino del respeto a la vida, para honrar la propia sexualidad que la naturaleza les brindó y su dignidad como personas.
