Finalmente uno de los centros de detención y suplicio a personas detenidas ilegalmente durante la dictadura en la provincia de Santa Fe se convertirá en un espacio público para preservar la memoria de ese envilecimiento institucional que vivió este país. Se declara de "interés general y sujeto a expropiación el inmueble conocido como Quinta La Calamita, ubicado en la ciudad de Granadero Baigorria, donde funcionó un centro clandestino de detención durante la última dictadura cívico militar", dice el proyecto presentado por la diputada Alicia Gutiérrez que los senadores provinciales convirtieron en ley anoche. Se estima que en La Calamita fueron torturadas y asesinadas al menos un centenar de personas en los años del terrorismo de Estado.
"Testigo de aberrantes violaciones a los derechos humanos, se convertirá en espacio de construcción de la memoria colectiva", celebró la diputada que luego de cinco intentos finalmente esa idea se podrá concretar.
En la causa Guerrieri III, que se tramita actualmente en la Justicia Federal de Rosario, se ventila la mayoría de los casos de desaparecidos en ese predio de Eva Perón 1530 de Granadero Baigorria, donde funcionó uno de los 350 centros clandestinos de detención del país y uno de los cinco del circuito represivo del Batallón de Inteligencia 121 de Rosario. Tiene diez hectáreas de extensión, de las cuales sólo se expropiará una fracción, según la ley aprobada anoche y que el Ejecutivo promulgará en breve conforme ya lo anunció.
En 2008 y 2010, Gutiérrez había presentado este proyecto, pero perdió estado parlamentario. Antes, sus pares Eduardo Di Pollina, en 2003 y Alfredo Cecci en 2005, habían intentado infructuosamente lo mismo.
Documenta Baigorria, una agrupación que promueve la recuperación de la memoria popular sobre el accionar del terrorismo de Estado en la última dictadura, tal como lo había prometido instaló ayer frente al Palacio de las Leyes en la capital provincial, un gacebo desde el que mantuvo una vigilia a lo largo de toda la jornada, en espera de la sesión del Senado, el que ya caída la tarde se abocó al tema y lo aprobó. El grupo de militantes que durante todo el día se encargó de repartir volantes explicativo de lo acontecido en el predio finalmente expropiado a los manifestantes que ayer llegaron por distintos temas al lugar, festejaron con ganas el éxito del quinto intento de apropiación legal por parte del Estado de La Calamita.
Expropiación. La agrupación, tal como lo anunciara a este diario, buscará ahora que el Ejecutivo, además de promulgar la ley EM_DASHcon lo que esta entra en efectiva vigenciaEM_DASH, decida cumplirla, para lo cual debe abrir el proceso de expropiación que demandará tiempo dado que el Estado deberá acordar el precio con los dueños.
Ahora las entidades de derechos humanos iniciarán las tareas para preservar el lugar y las investigaciones pendientes. Las más importantes serán las que desarrolle el Equipo Argentino de Antropología Forense para excavar y buscar restos de víctimas.
Sólo una vez los investigadores ingresaron y excavaron una pequeña porción de la finca a través de una medida cautelar, a partir de las declaraciones del represor Eduardo "Tucu" Constanzo, quien indicó donde había una víctima enterrada. Sin resultados, la disposición cayó, pese a numerosos testimonios de testigos y condenados en la causa Guerrieri II.
La ley contempla la construcción de un museo en el casco de la quinta, propiedad de la familia Benzadón.
Aval al paro de municipales de Cañada de Gómez
La Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales de la provincia (Festram) ratificó su apoyo a la prolongada medida de fuerza que sostienen los empleados del municipio de Cañada de Gómez y hoy participará con delegaciones de sindicatos de toda la provincia,de la movilización que tendrá lugar desde las 10 ante la Municipalidad.
El conflicto acumula reiterados fracasos en los intentos de lograr una salida y obligó al gremio local a desarrollar distintas medidas de fuerza que se extendieron por varias semanas.
La conducción de la Festram responsabilizó por los hechos a la intendenta Stella Clérici, la que, según señalan, mantiene una postura inflexible frente a los reclamos de los trabajadores por graves incumplimientos a la legislación laboral.
Para los gremialistas "las autoridades municipales profundizaron el conflicto inventando acciones violentas que fueron desestimadas por la Justicia y, lejos de pacificar la situación, promueven acciones intimidatorias y amenazas en procura de alterar las condiciones pacíficas en las que se desarrolla el conflicto, entre ellas, el despido de trabajadores contratados que adhirieron a la huelga".
"Las provocaciones —indicaron en un comunicado—, resultan insostenibles y los intentos del gobierno municipal para incitar actos de violencia por parte de los trabajadores cambiaron las condiciones de un legítimo reclamo sindical a una estrategia oficial que busca judicializar la protesta y provocar la represión policial"
Voceros de la entidad sindical que nuclea a los trabajadores municipales de toda la provincia señalaron que "se iniciará así la primera medida de un plan de lucha provincial que obligue a las autoridades a intervenir en el conflicto que tiende a extenderse y profundizarse".
Festram manifestó su preocupación por "la falta de interés del gobierno provincial, el que hasta el momento se mantiene al margen de la situación", expresaron, y agregaron que "la misma no le resulta ajena a sus propias responsabilidades en materia laboral e institucional ante la gravedad del conflicto y las condiciones de funcionarios públicos involucrados en estos hechos ilícitos con grave violación a derechos legales y constitucionales".
No se descarta que luego de la movilización, las medidas de fuerza se extiendan a toda la provincia en reclamo de una intervención del Estado provincial en el conflicto que afecta a Cañada de Gómez.
