Es claro que el tratamiento en la Cámara de Diputados del proyecto que propone la estatización del régimen jubilatorio tiene de trasfondo la concepción de dos tipos antagónicos de sociedad. Por un lado, los defensores del actual sistema, en el que coexisten jubilaciones públicas y privadas, apoyados en los principios de libertad y propiedad –rectores de nuestra Constitución nacional-, basado en una simple premisa: cada habitante tiene el derecho de decidir libremente por qué sistema optar y el Estado tiene el deber de respetar tal decisión, sin vulnerar el derecho de propiedad, siendo el Estado garante de tales derechos. Por el otro, los que piensan que la confiscación de dinero de los particulares que optaron por la jubilación privada por parte del Estado es perfectamente legítima si los fondos son cuantiosísimos y se usan con "una función humanista que permita una justa distribución de la riqueza". Ahora bien, en nuestro país, por más que el Estado nacional, a través de sus gobernantes, sea el encargado de proveer al bien común –lo que incluye la redistribución de la riqueza-, es evidente que desde hace mucho tiempo no realiza tal labor. "En una República donde la mitad de la población se encuentra debajo de la línea de pobreza, donde la educación está absolutamente deteriorada, la igualdad no existe (art. 16, CN), el sistema de salud (art. 42, CN) tampoco, donde los servicios públicos son absolutamente ineficientes, los lugares públicos lindan con la inmundicia, la suciedad y los mendigos cunden por toda la ciudad y la seguridad de los ciudadanos queda librada a la suerte, el sistema carcelario es deplorable (art. 18, CN) y la seguridad jurídica (implícita en el art. 38 de la CN) es inexistente" (sic. Voto Dra. Piaggi, C .N. Apel.Com., sala B, 28-7-08; "Omas S.A.", L. L. on line), sostener que el Estado va a utilizar los fondos para "comenzar las bases de una sociedad sustentada en los valores del socialismo democrático" significa un eufemismo macabro, máxime si consideramos que desde hace más de 3 o 4 años existen récords de recaudación tributaria que nunca se usaron para cumplir con tales fines. La verdad es que creo en la gente que trabaja día a día, sean pobres o ricos, creo que por naturaleza cada persona es solidaria, creo que al igual que debe contribuir con sus impuestos –para garantizar la función social del estado– cada persona tiene derecho a ahorrar su jubilación de la manera que más le plazca y el Estado debe siempre garantizar su decisión y fundamentalmente su propiedad, creo que pretender apropiarse de esos fondos es una confiscación prohibida, creo que si el Estado se apodera de esos fondos los gastará y en un tiempo no lejano no habrá dinero para cubrir las jubilaciones. Creo, por último, que la pretendida "redistribución de la riqueza", por comprobación empírica, es una palabra vacía de contenido utilizada para convencer al ciudadano argentino de cualquier cosa.
