Será la Justicia, y no los medios de comunicación, la que determine si el comisario general Hugo Tognoli es culpable de las gravísimas imputaciones que se le hacen. Pero así como cuando la policía apresa a un ladrón de gallinas y no al delincuente de guantes blancos se sostiene que el hilo siempre se corta por lo más delgado, en la situación del hasta ayer máximo jefe de la fuerza provincial parece ocurrir lo mismo.
Tognoli cumplió en marzo pasado 30 años de servicios en la policía y, por lo tanto, estaba en condiciones de pedir su pase a retiro. No lo hizo porque las autoridades políticas de la provincia lo ratificaron en su cargo. Este hombre de 48 años nacido en la ciudad de Santa Fe ingresó a la fuerza en 1982 y fue designado como primer destino en la comisaría 14ª de San José del Rincón, a 15 kilómetros al este de la capital provincial. Después cumplió funciones en la comisaría 3ª de la capital y desde ahí, en 1988, llegó a la División Judiciales de la provincia.
Fue en 2008 que el entonces gobernador Hermes Binner lo designó al frente de la ex Dirección de Drogas Peligrosas de la provincia, desde donde saltó cuatro años más tarde, y por decisión del actual mandatario Antonio Bonfatti, a la Jefatura de la fuerza santafesina. Nunca, en esa larga carrera, hubo contra Tognoli una denuncia que se judicializara como ahora y mucho menos que aportara elementos de su presunta complicidad con los narcos.
Entonces, para que el hilo no se corte por lo más delgado como suele ser habitual, habría que observar en el marco de las actuales investigaciones cuáles son las responsabilidades políticas que hicieron que Tognoli comandara a los uniformados santafesinos hasta ayer.
En ese sentido mucho tendrán que decir las autoridades civiles de la provincia que rubricaron los ascensos del ex jefe policial. Porque si Tognoli llegó hasta donde lo hizo fue porque contó con el aval de funcionarios que seguramente ahora saldrán a decir que se sienten defraudados por el hombre en el que depositaron su confianza.
Lo mismo ocurrió con las causas del Diciembre Trágico de 2001, cuando los policías que reprimieron ferozmente a la población rosarina matando a siete personas fueron los que pagaron las justas consecuencias procesales mientras los responsables políticos, los que dieron las órdenes, los que avalaron desde sus despachos lo que se hacía en las calles convulsionadas, siguieron sus carreras políticas ajenos a ese desenlace.
