Leímos en una carta del lector Tomás Méndez en la que hace una valoración negativa sobre las actividades de "Las Juanas" y mucha confusión sobre lo que es y hace este colectivo. Somos mujeres que provenimos de diversas experiencias de militancia social mixta, política, de derechos humanos y de gestión estatal que pretende hacer un aporte a la construcción de una sociedad más justa e igualitaria para hombres y mujeres. Desarrollamos capacitaciones sobre nuestro derecho a vivir una vida sin violencia, actividades culturales contra la trata de personas, generamos publicaciones e iniciativas que apuntan a visibilizar el rol de las mujeres en la historia y su lugar protagónico como actoras políticas. Tomar la defensa de nuestros derechos sexuales y nuestros derechos reproductivos es otra de nuestras banderas. Impulsar la aplicación de la Ley de Educación Sexual obligatoria en las escuelas, aportar para que las mujeres tengan acceso e información sobre todos los métodos anticonceptivos y bregar por el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos son parte de nuestro accionar. En nuestro país muere una mujer cada dos días y 80 mil por año concurren a hospitales públicos por interrupciones voluntarias del embarazo en condiciones inseguras. Las que llegan a esta situación, en su mayoría, son mujeres pobres a quienes el Estado no sólo no garantizó educación sexual y anticonceptivos adecuados, sino que la justicia penaliza por esta práctica. El 28 de septiembre, 1.600 mujeres fuimos a los tribunales de 14 provincias del país y presentamos un habeas corpus para que el Poder Judicial declare inconstitucional la criminalización de la interrupción voluntaria del embarazo y que inste al Poder Legislativo Nacional a adecuar la normativa vigente que criminaliza las prácticas de aborto voluntario con el plexo normativo internacional y los derechos consagrados constitucionalmente que emanan de aquel. Dimos este primer paso, y se vienen muchos más, en este camino que iniciamos. Ojalá la Justicia se demuestre a la altura de las circunstancias. Respecto al Ejecutivo, lamentable nos parece la actitud de la presidenta Cristina Fernández y su ministro de Salud Juan Manzur de trasladar a la gestión del Estado opiniones personales en contra de la despenalización y legalización del aborto. Esta actitud arroja a las mujeres a una situación de clandestinidad que engorda los bolsillos de los dueños de las clínicas privadas y en el peor de los casos mantiene a la interrupción voluntaria del embarazo en el primer lugar en los índices de mortalidad materna. Es hora de no mirar para otro lado, son tiempos para debatir y aprobar en el Congreso Nacional el Proyecto de Ley por la Despenalización y Legalización de la interrupción voluntaria del embarazo firmada por más de 50 diputados y diputadas nacionales. ¡Abortos clandestinos, nunca más!
