Además de la pertenencia a la asociación ilícita que le atribuyen liderar desde la cárcel a Andrés Benítez, Julián Aguirre y Mauro Gerez, el fiscal de Balaceras Pablo Socca imputó a los distintos apresados de otros trece hechos delictivos que van desde prestar un teléfono para realizar amenazas hasta extorsiones, balaceras y usurpaciones. Entre ellas hubo una serie de intimidaciones contra una familia que vivía en el mismo complejo habitacional que uno de los sospechados.
La secuencia comenzó a mediados del año pasado y las víctimas comenzaron recibiendo una serie de mensajes que mezclaban audios, notas y balaceras mediante las cuales les comunicaban básicamente que tenían que pagarle 300 mil pesos o dejarles el departamento. La saga incluyó un ataque contra uno de los miembros de la familia que llegó a estar gravemente internado y la espiral de violencia fue creciendo hasta que, tres meses después de iniciada, las víctimas abandonaron la propiedad para nunca más regresar.
La historia que terminó con el despojo del departamento se inició el 7 de julio de 2021 con un hecho totalmente ajeno a sus consecuencias: el asalto a mano armada a un taller de Casilda al 1600 donde cuatro hombres robaron pesos y dólares y fugaron en dos motos. Por la ubicación de los celulares robados, se realizaron dos allanamientos, uno en el Fonavi de Solís al 300 donde vivía un hombre sindicado como miembro de la banda que por el momento permanece prófugo. En ese marco vecinos sindicaron un garaje donde supuestamente estaban las motos usadas por los ladrones y ese mismo día se hizo otra requisa con el secuestro de dos rodados.
Venganza
La banda de Benítez perdió plata, armas, municiones y le echaron la culpa a una familia que vivía en ese Fonavi. Con esa excusa comenzaron las extorsiones para que les entregaran 300 mil pesos o directamente la vivienda.
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La secuencia de intimidaciones comenzó el 16 de julio del año pasado, cerca de la 1.30, cuando la víctima estaba de viaje y hombres no identificados disparan contra el frente de su vivienda en el primer piso del Fonavi de Solís al 300. Al día siguiente el dueño del departamento recibió un mensaje vía whatsapp que en cierta forma explicó lo ocurrido la noche anterior: era Jonatan Almada que lo amenazaba de muerte y le prometía “hacerlos explotar” a él y su pareja sino pagaban una deuda. El chantajista aseguraba conocer los horarios de su víctima y dónde trabajaba, y finalmente advertía que si no le daban una solución los iba a matar.
La serie de intimidaciones continuó dos días después, el 19 de julio a la mañana, cuando hombres no identificados dispararon contra un auto de la víctima, un VW Up gris que fue alcanzado por seis impactos de bala, aunque en la zona se hallaron 14 vainas servidas calibre 9 milímetros.
Sin embargo, los actos intimidatorios al parecer no estarían dando resultados. Entonces, luego de unos diez días, la mañana del 27 de julio un hombre —aún no identificado pero que actuaba por orden de Almada— se presentó en la casa del vecino hostigado y cuando éste se encontraba en la zona del garaje directamente le disparó. La víctima recibió dos balazos con entrada y salida —uno en una pierna y el otro en el glúteo derecho— que “pusieron en riesgo su vida”, remarcó la fiscalía.
Poco más de dos meses pasaron hasta que Andy Benítez decidió intervenir en la operación que hasta entonces no estaba logrando sus objetivos. Como no podía comunicarse con el vecino en cuestión, que luego de los atentados había cambiado de teléfono, el 9 de octubre de 2021 logró contactar a un vecino de éste y “bajo amenazas de muerte” le pidió la llave de la reja de ingreso al complejo habitacional porque iban a usurpar el departamento de la familia amedrentada.
Concretada la amenaza, y por orden de Benítez, Bruno E. le mandó a ese vecino el siguiente audio: “Ey amigo, qué onda cumpa. Voy a ir a buscar la llave, mañana la voy a buscar. Pero no te hagas el pillo porque yo no te hice nada a vos, o te voy a romper el gorro, por corto”.
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Finalmente el 13 de octubre del año pasado, minutos antes de las 18, un grupo conformado por Jonatan Almada, Bruno E., Nicolás B. y otros hombres aún sin identificar —entre éstos algunos menores de edad— fueron hasta la casa de la familia amenazada que ya estaba deshabitada. Violentaron la puerta de ingreso con una maza, un cortafierro y una barreta y lograron abrirla. Así, la vivienda fue ocupada por Iván V., su pareja y sus cinco hijitos.
Participaciones
En este caso el fiscal describió la participación de los acusados: Benítez y Almada organizaron la seguidilla de aprietes contra los vecinos con la información que les relevaba Nicolás B. quien vivía en el mismo Fonavi, pero en la planta baja. Las intimidaciones, ya sea en forma de mensajes o disparos contra la casa, el auto y finalmente contra la propia víctima, terminaron logrando que ésta abandonara su vivienda y se facilitara la usurpación por parte de una familia que también fue elegida por los extorsionadores.
En ese marco, a las imputaciones por asociación ilícita, Socca sumó otras para Benítez, Almada, Bruno E. y Nicolás B. como coautores de varios delitos: tentativa de extorsión agravada por el uso de arma de fuego, amenazas calificadas con el fin de que la victima abandone su hogar y usurpación. En el caso de Almada, lo imputó además como instigador de un intento de homicidio. Y por fuera de la organización criminal imputó a Iván V. como coautor de la usurpación, ya que fue quien ingresó con su pareja e hijos para ocupar el departamento de la familia atacada.
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Y si bien los usurpadores no alcanzaron a estar un día en el departamento ya que ese mismo día fueron apresados, los dueños de la vivienda no volvieron más.