La independencia del Poder Judicial hace a la esencia de la democracia republicana. Sin independencia, el Poder Judicial no está en condiciones de ejercer la fundamental función de ejercer el control de constitucionalidad de las leyes, de corroborar la adecuación o no de las leyes al espíritu y la letra de la Constitución Nacional. El Poder Judicial debe, pues, ser independiente del Poder Ejecutivo. Si es un fiel servidor de cualquier antojo del presidente de turno, deja de ser el Poder Judicial. En este sentido, la Corte Suprema ha demostrado, afortunadamente, que es independiente del Poder Ejecutivo. La sentencia denegatoria del per saltum solicitado por la presienta de la Nación lo pone palmariamente en evidencia. Lamentablemente, el Poder Judicial sigue siendo dependiente del poder económico concentrado y, lo que es peor, de los grupos mafiosos. El reciente fallo de la Cámara en lo Civil y Comercial Federal indica a las claras que hay jueces que no son más que sirvientes a sueldo de las corporaciones privadas. Hace unas horas, tres jueces tucumanos absolvieron a los 13 imputados por la desaparición de Marita Verón. La mafia de la trata de personas cantó victoria gracias a un fallo bochornoso que mereció la repulsa generalizada. Los fallos de la Cámara y del Tribunal tucumano evidencian hasta qué punto la corporación judicial está corroída por la corrupción. En la nefasta década de los noventa, se hizo popular la expresión “la maldita policía” en alusión a la policía bonaerense comandada por Pedro Klodczyk, cuyo mando terminó en medio de denuncias de todo tipo. Hoy hay que hablar de “la maldita justicia”, en alusión a aquellos jueces venales e inmorales que, con cara de piedra, sentencian en favor de sectores que repugnan a la condición humana. “La maldita justicia” no sólo denigra al Poder Judicial sino también a la democracia como filosofía de vida. Sólo a través de una profunda y sincera democratización, la Justicia será lo que siempre debió ser: un poder al servicio del pueblo.
