"Lo más cerca que estuve de Beverly Hills en mi vida fue al recorrer esa casa", dijo uno de los policías que el viernes pasado allanó una propiedad que no se levanta en el distrito donde residen los acaudalados artistas de Hollywood, sino en las afueras de Pérez. Es una construcción de 300 metros cuadrados cubiertos, con equipamiento de lujo, enclavada en un terreno de tres hectáreas. Esas instalaciones pertenecen según la investigación judicial a la familia Cantero, señalada por comandar a la red de narcotráfico conocida como banda de Los Monos.
La fastuosa propiedad que sobrevoló ayer La Capital está a unos mil metros del cruce entre las rutas 33 y 14. A la vez que la hace inaccesible a la vista desde el suelo, una línea de pinos resguarda todo el perímetro de la finca, que se divide en tres partes, de una hectárea cada una. La primera es una chacra con animales, en su mayoría ovejas. En la segunda destaca una caballeriza con diez boxes sobre uno de los bordes. En derredor había dos caballos de carreras cuadreras y otros de paseo al momento del allanamiento. Lo más importante es la propiedad y las instalaciones levantadas en la tercera hectárea.
El vendedor. Pero hay un detalle nada menor más allá de las características del predio. Y es el modo en que, según fuentes de la investigación, esa chacra llegó a manos de los Cantero. El anterior propietario de ese campo es un hermano de Raúl Omar José. Este es un hombre sindicado como vendedor de estupefacientes que hace tres años fue condenado a prisión perpetua por el asesinato de un suboficial de la delegación rosarina de Drogas Peligrosas de la Policía Federal. El policía se llamaba Claudio Alvarez y el homicidio ocurrió en el marco de un operativo irregular de esa fuerza en el centro de Pérez el 4 de abril de 2008.
La transferencia del loteo donde se construye la vivienda y sus dependencias deja apreciar entre vendedor y comprador un vínculo que va más allá de una negociación inmobiliaria. Sugiere las ramificaciones regionales de los Cantero, a quienes se les atribuye capacidad regional de abastecimiento de estupefacientes, por lo que los investigadores sostienen que Los Monos eran proveedores de droga en Pérez, y que en el marco de esa relación un vendedor de menor escala terminó cediéndoles el campo.
La casa. La vivienda revestida en ladrillos vistos, techada aunque en construcción será un lugar de un confort para exigentes. De 300 metros cuadrados cubiertos, tiene un enorme ambiente de estar, cocina con amoblamientos de estilo en melamina y equipamiento de lujo. Las habitaciones son siete, con vestidores y baño en suite, tres de ellas con jacuzzi. La grifería instalada es de primera línea comercial, de alta tecnología, con duchas accionables mediante control remoto auxiliar.
En el exterior había placas para piso de porcelanato de 50 por 50 centímetros pendientes de instalación. Una pileta con sistema de calefacción de importantes dimensiones y una piscina para uso infantil con el formato de cara distintivo del Ratón Mickey.
En el terreno aledaño a la vivienda también hay una importante construcción de quincho y parrillero de unos 15 metros por 20 y una edificación insinuada de lo que parece ser una especie de depósito o salón de fiestas de vastas dimensiones.
Escuchada y revisada. La existencia de la propiedad fue detectada también en las escuchas telefónicas que se ordenaron a nivel judicial. El juez de Instrucción Nº 4, Juan Carlos Vienna, ordenó su allanamiento, que se concretó el viernes pasado a las 15 por personal de la División Judicial de la Unidad Regional II bajo la supervisión del fiscal Carlos Covani.
Cuando el grupo ingresó a la propiedad solamente encontraron a un casero que de manera evasiva negó conocer a los dueños del emprendimiento. Había indicios claros de que muy poco tiempo antes en la propiedad hubo varias personas. En el asador había cenizas humeantes y vasos con cubos de hielo sin derretir.
El motivo de la inspección judicial es que se presume que la vivienda es un ejemplo del lavado del dinero proveniente del narcotráfico hacia el rubro inmobiliario. Y uno de los objetivos anunciados de la investigación es avanzar en las ramificaciones económicas de los presuntos traficantes para consolidar la acusación. La ley penal tributaria exige que la persona a la que se atribuyen bienes de obtención sospechosa es quien debe probar la procedencia lícita de su patrimonio. La incapacidad de hacerlo supone penas de prisión efectiva. Por eso a la investigación judicial le interesa avanzar por esta vía.
