Los ideólogos progresistas de este gobierno consideraron que el Estado volvía malo al hombre bueno y por eso, al asumir, cercenaron a los representantes de la sociedad organizada (la policía, jueces, maestros, inspectores, etc.) las atribuciones de imponer sanciones a quienes transgredían las normas. Se priorizó la libertad individual a ultranza sobre las libertades del conjunto, así un minúsculo grupo podía entorpecer la labor y la vida rutinaria de muchos. Quebrada la autoridad y disminuida la capacidad policíaca, con leyes permisivas, la criminalidad se ha expandido a tal punto que se ha perdido el valor de la vida humana. La inclusión social por sí sola no resolverá el problema, pues la mayoría de quienes delinquen no están excluidos, saben manejar autos, armas, traficar drogas, van a hospitales, se visten bien, van a restaurantes caros… Tienen habilidades que les permitirían ganarse honradamente la vida con sacrificio, pero justamente esto es lo que no quieren. Se han acostumbrado a vivir de la impunidad y de la prepotencia. Si la situación continúa como hasta ahora; si todo se permite, si no hay sanciones al quebrantamiento de leyes; si los derechos son sólo para los que transgreden las normas sociales y las violentan según la ocasión, estaremos impulsando el fin de nuestra civilización.
